En 2019, una noticia apareció en la prensa. Una parte importante de las acciones de Maxamcorp, uno de los mayores fabricantes españoles de armas, había sido vendida.
El gobierno español aprobó el acuerdo y todo parecía ir con normalidad. Pero para los que lo seguían de cerca, la situación era extraña: Nadie sabía quién era el verdadero comprador.
Sobre el papel, era Prill Holdings, una compañía basada en Luxemburgo. ¿Pero quién estaba detrás de Prill?
La única información disponible sobre los dueños de la compañía mostraba dos empresas registradas en las Islas Caimán. Ambas vinculadas a una firma estadounidense de capital privado, Rhone Capital. No mucho más. A algunos les perturbó esa opacidad.
“Es inaceptable que el Gobierno español dé luz verde a una compañía para operar en un sector que tiene tantas implicaciones en los derechos humanos sin saber quién está detrás” dijo Susana Ruiz, coordinadora de Justicia Fiscal para Oxfam Internacional.
Prill no es la única compañía misteriosa registrada en Luxemburgo. Pese a ser una de las naciones más pequeñas del mundo, Luxemburgo atrae una cantidad enorme de actividad financiera, la mayoría de origen extranjero. Casi el 90 por ciento de las sociedades registradas en Luxemburgo son controladas por foráneos. Al menos 266 miembros de la lista Forbes de multimillonarios -ninguno es luxemburgués - cuentan con compañías allí. Y un 40 por ciento de las compañías de ese país solo fueron montadas para alojar activos, sin generar actividad productiva alguna.
Esencialmente, Luxemburgo funciona como un centro offshore en el corazón de Europa.
Muchas empresas en Luxemburgo cumplen con la ley y existen por razones legítimas. Otras, en cambio, son propiedad de personas políticamente expuestas, funcionarios corruptos y hasta criminales.
El atractivo de Luxemburgo es su reputación de secretismo. Esto lo ha convertido en un imán para las personas que buscan "desconectarse de sus activos", dijo Gabriel Zucman, profesor de Economía en la Universidad de California en Berkeley.
Tener activos en compañías de Luxemburgo “hará más difícil para las autoridades conectarlos con sus dueños, lo que hará más difícil que investiguen casos de corrupción o evasión fiscal”, señaló. “Ese es el servicio clave que provee ese sector de la industria financiera”.
Hay tantos capitales rusos en Luxemburgo, que el pequeño país es ahora uno de los mayores inversores extranjeros en Rusia. “Y no es porque Luxemburgo esté invirtiendo en construir fábricas en Rusia”, dice Benoît Majerus, profesor de Historia en la Universidad de Luxemburgo. “Es claro que es dinero ruso circulando a través de Luxemburgo y regresando a Rusia”.
Fiscales italianos afirman que miembros de la ‘Ndrangueta han inundado a Luxemburgo, viéndolo como un sitio “extremadamente atractivo” para mantener su dinero mal habido fuera de alcance.
Y las autoridades de al menos tres países suramericanos están investigando si figuras políticas ocultaron sobornos en compañías luxemburguesas.
“Estamos preocupados”, le dijo a OCRRP Laurent Lim, un responsable de políticas de la Dirección General de Estabilidad Financiera de la Comisión Europea. “Luxemburgo es conocido por el asunto de la fiscalidad, pero también tenemos que empezar a hablar en términos de blanqueo de dinero”.
“Hasta hace más o menos un año no había transparencia”, añadió. “Hasta el año pasado [por 2019, la entrevista se hizo en octubre de 2020], se podía crear una compañía y no había manera de saber quién era el beneficiario final”.
Ahora, se puede. Al menos, en teoría.
En 2019, para cumplir con la Directiva de la Unión Europea antiblanqueo, Luxemburgo estableció un registro de beneficiarios efectivos, que le impuso a las 124.045 compañías registradas en el ducado identificar a su beneficiario final.
¿Qué es un beneficiario final?
Luxemburgo fue uno de los primeros países europeos en establecer un registro público de UBO, lo que fue celebrado por los activistas anticorrupción como un gran avance.
Pero pese a su puesta en marcha, esa base de datos presenta algunas limitaciones críticas. Una de las más importantes es que las búsquedas solo se pueden hacer por nombre de empresa y no por nombre de propietario. Y eso hace muy difícil que periodistas o cualquier persona determinen quién es dueño de qué.
Sin embargo, el año pasado, el diario francés Le Monde extrajo millones de documentos vinculados a todas las compañías de Luxemburgo, así como a sus UBO. Los equipos de datos y tecnología de OCCRP consiguieron que se lograra hacer búsquedas en esta base de datos y la abrieron a periodistas del mundo entero. Por primera vez, se podía investigar quiénes eran los dueños de las empresas de Luxemburgo.
Los nombres que encontraron fueron sorprendentes. Traficantes de armas, líderes de organizaciones criminales, así como amigos y familiares de figuras políticas del mundo entero se mezclan con multimillonarios, cantantes, actores y deportistas.
Entre los beneficiarios reales detectados por los periodistas se encuentran:
Un trafican te de armas que está en medio del mayor escándalo de corrupción en Francia.
El líder de una de las mayores organizaciones criminales rusas, con conexiones con el Kremlin.
El exyerno del que era dictador de Túnez.
El confidente del presidente de Serbia.
El hijo adolescente de un oligarca ruso.
Un empresario turco acusado de estar vinculado a una trama de créditos fiscales de 511 millones de dólares.
Un magnate indonesio del aceite de palma, considerado como responsable de la deforestación de miles de hectáreas de selva.
Varios miembros de la temible mafia 'Ndrangheta.
Dada las ventajas de las jurisdicciones donde impera el secretismo, la presencia de criminales y políticos no debería ser una sorpresa, afirmó Zucman.
“¿Quienes son los que emplean estos paraísos fiscales offshore?”, pregunta. “Es una mezcla de evasores fiscales, criminales, lavadores, empresarios corruptos y miembros de la élite política”.
Es de suponer que estos nombres estaban destinados a permanecer ocultos. Muchas de estas empresas estaban registradas a nombre de testaferros para que sus beneficiarios finales no figuraran en público.
En 2020, un año después de que el registro se pusiera en marcha, hubo un gran número de empresas que abandonaron Luxemburgo. Por primera vez en la historia de Luxemburgo, hubo más compañías que se dieron de baja que empresas que se crearon.
Incluso dentro de Luxemburgo, existe una creciente conciencia de que el país debe tener en cuenta el lado oscuro de su inmenso flujo de capital extranjero, que en 2019 ascendió a 5 billones de dólares en inversiones de portafolio. Eso lo convierte en el segundo en el mundo, después de Estados Unidos.
“El Gobierno de Luxemburgo es muy consciente de que este éxito también supone la exposición a la creciente y cambiante amenaza del blanqueo de dinero y de la financiación del terrorismo”, señaló el ministerio de Finanzas en un informe de 2018. En otro informe, dos años después, el ministerio subrayó que el lavado de activos de origen ilícito era “la mayor amenaza” para Luxemburgo.
El ministro de Finanzas luxemburgués le dijo a OCCRP que había “adoptado de forma decidida la transparencia fiscal” y que cumplía plenamente con los estándares de la Unión Europea. En una declaración preventiva sobre el proyecto OpenLux, el gobierno de Luxemburgo dijo que se ajustaba a todas las normas de la UE sobre transparencia fiscal y lucha contra el lavado de dinero.
También reservó el dominio openlux.lu y elaboró su propio artículo de preguntas frecuentes sobre el registro UBO, a partir de las consultas realizadas por los periodistas. Afirmó que el registro era "un fuerte acto de transparencia" y señaló que la mayoría de los países de la UE aún no tenían bases de datos públicas.
"Dado que Luxemburgo cumple plenamente y ha aplicado todas las reglas y normas internacionales y de la UE en materia de transparencia fiscal, lucha contra los abusos fiscales así como AML/CTF [lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo], e incluso ha ido más allá de estos requisitos, Luxemburgo rechaza las afirmaciones hechas en estos artículos, así como la descripción totalmente injustificada del país y su economía", dijo el Gobierno.
A todas luces, la situación actual es mejor que la de hace cinco años. Pero los expertos afirman que todavía hay muchos problemas en relación a la puesta en marcha de la base de datos. Un lamento que confirma el análisis de OCCRP.
El caso de Prill Holdings es un buen ejemplo. La compañía no cumplió con la orden de revelar a sus beneficiarios efectivos, así que sus administradores han sido inscritos por defecto como UBOs. Encontramos que un tercio de todas las compañías registradas en Luxemburgo registró administradores como UBO.
Para las llamadas “sociedades K”, un tipo de fondo de inversión, esta tasa asciende al 90 por ciento, ya que muy pocas tienen un solo inversor que cumpla con la definición luxemburguesa de UBO.
De todos los fondos de inversión, cerca del 80 por ciento no reportó a sus UBO reales, según un nuevo análisis de OpenLux.
Transparencia Internacional y el Colectivo de Datos Anticorrupción hicieron referencias cruzadas de los datos que estos fondos proporcionaron a Luxemburgo con divulgaciones a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., Y encontraron "discrepancias significativas" en los 719 fondos registrados en ambas jurisdicciones.uxemburgo con divulgaciones a los EE.UU Encontró 112 fondos que le informaron al gobierno de Estados Unidos sobre sus beneficiarios efectivos, mientras que sólo 17 hicieron lo mismo en Luxemburgo.
"Esta diferencia sugiere que, o bien los fondos están tergiversando su estructura de propiedad frente a la [SEC], o bien no están cumpliendo con las normas establecidas en el [registro] de Luxemburgo", escribió Transparencia Internacional.
Cualquiera de las dos situaciones, según los autores, podría ser motivo de sanción, lo que ilustra la necesidad de mejorar las medidas de verificación y reforzar la aplicación de la ley.
(El gobierno de Luxemburgo dijo en una respuesta que las fuentes no eran comparables. "Por lo tanto, no es realmente posible sacar conclusiones basadas en las aparentes discrepancias, y es ciertamente erróneo deducir que la información del [registro] de Luxemburgo es falsa o incompleta", dijo el gobierno en una declaración en línea).
“Lo que Luxemburgo hizo fue cómo remover… la primera capa de la cebolla”, indicó Ruiz. “Pero tú tienes que llegar hasta el dueño y al beneficiario real de esas compañías”.
“Es necesario no solo que el registro exista, si no que sea efectivo”.
Henrique VII (1275-1313), el primer Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico de la Casa de Luxemburgo.
Fortaleza de las finanzas
Hoy Luxemburgo puede parecer una fortaleza financiera, pero en sus inicios fue una en el sentido literal.
Desde tiempos romanos ha existido un castillo asentado en un afloramiento rocoso, llamado Luclinburhuc, o “pequeña fortaleza”, que cuidaba este camino estratégico entre las regiones de habla germánica y romance.
En 963, un conde local llamado Siegfried encontró Luclinburhuc tan deseable que vendió sus tierras al norte para adquirirlas, marcando el comienzo de Luxemburgo como entidad política. Siegfried y sus descendientes pasaron los siguientes siglos consolidando sus propiedades, hasta que Luxemburgo alcanzó su mayor extensión territorial en el siglo XIV.
La fortaleza de Luxemburgo hoy en día.
Desde entonces, esa pequeña porción de tierra situada en la intersección de Europa ha sido zarandeada y en ocasiones engullida por sus poderosos vecinos: los Habsburgo holandeses, los franceses, los austro-húngaros, los prusianos. Pese a todo, ha logrado permanecer como una unidad política diferenciada durante más de 1.000 años. Finalmente Luxemburgo se convirtió en una nación soberana en 1867, cuando Prusia retiró su fuerza de ocupación.
Guillermo I, Príncipe de Orange, el primer Gran Duque de Luxemburgo. El líder de Luxemburgo fue rey de los Países Bajos hasta 1890, cuando el Gran Ducadofue traspasado por un tratado a la familia del Duque de Nassau, que ha gobernado desde entonces.
A principios de los años veinte, el Gobierno de Luxemburgo se inspiró de Suiza, que estaba convirtiendo una larga tradición de secreto bancario en una gran industria internacional.
El Ducado creó leyes diseñadas para atraer su propia cuota de capital extranjero. Establecieron un mercado de valores y crearon un marco legal que liberaba de impuestos sobre la renta las sociedades de cartera.
“La ley de 1929 sobre los hóldings está directamente inspirada de la legislación de los cantones suizos”, explica Majerus, el historiador luxemburgués.
Entre las dos guerras mundiales, los aumentos de impuestos en grandes países europeos convirtieron a Suiza y a Luxemburgo en sitios cada vez más atractivos para que los ricos resguardaran su dinero, dijo.
“Usan Luxemburgo… un poco como una colonia, como un laboratorio financiero donde no están sujetos a las mismas reglas que en sus países”.
Para Luxemburgo, que no tenía grandes extensiones de terreno o la población de sus vecinos, los mercados financieros fueron una oportunidad única para desarrollar una ventaja competitiva.
Cuando la industria siderúrgica se derrumbó a mediados de los setenta, las finanzas pasaron a ser su principal fuerza económica. Hoy, el sector supone un cuarto de la economía y cerca de 80 por ciento de la inversión extranjera directa.
Zucman explicó que Luxemburgo se convirtió en “una especie de navaja suiza” para los servicios financieros,
"Las Islas Vírgenes Británicas, por ejemplo, hacen esencialmente una cosa: son un lugar donde es posible crear empresas fantasma de forma rápida y económica", dijo. Panamá vio la misma tendencia, mientras que Suiza se especializó en la gestión de la riqueza privada almacenada en cuentas bancarias extraterritoriales. Las Islas Caimán se hicieron conocidas por sus fondos de cobertura.
“Luxemburgo está presente y es activo en esas tres áreas: el traslado de beneficios de las multinacionales, la incorporación de fondos mutuos, la gestión patrimonial, la gestión patrimonial privada, la creación de empresas pantalla y etcétera. Eso es lo que hace único a Luxemburgo".
Por encima de todo, Luxemburgo ha sido conocida por ofrecer rebajas fiscales. Mientras que oficialmente los impuestos corporativos en Luxemburgo se sitúan alrededor del 25 por ciento, en 2014 la investigación Luxembourg Leaks reveló como, por debajo de la mesa, el país permitió que cientos de multinacionales crearon estructuras corporativas complejas, a través de las cuales pagaban menos de uno por ciento en impuestos sobre sus ganancias.
La indignación desatada por esas revelaciones llevó a las autoridades de Luxemburgo a prometer mejorar el estándar del país en materia de transparencia. El escándalo LuxLeaks, junto a otras investigaciones periodísticas sobre cómo el secreto corporativo alimentaba la corrupción, también ayudó a impulsar los esfuerzos en toda Europa para endurecer las regulaciones anti-blanqueo. Un importante paquete de medidas contra el lavado de dinero aprobado en 2015 requería por primera vez que los Estados miembros crearan registros de beneficiarios finales.
Luxemburgo, junto a otros países, se demoró y a finales de 2018 la Comisión Europea lo llevó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque ni siquiera aplicó un conjunto de normativas anteriores.
En enero de 2019 Luxemburgo finalmente aprobó una ley para establecer su registro de UBO y la abrió en marzo de ese año. Así se convirtió en uno de los cinco países de la UE que han implementado un registro accesible al público antes de la fecha límite de enero de 2020, según la organización Global Witness.
El distrito financiero de Luxemburgo, visto desde detrás de un muro.
Promesa y realidad
La propia existencia de un registro público de UBO es un paso importante para la transparencia.
Pero los expertos ponen el foco sobre las deficiencias con el que se ha puesto en marcha.
Además de no ser completamente abierto a las búsquedas, el registro es incompleto. Un año después de su creación, solo un 52 por ciento de las sociedades han informado de quién es su dueño real, según el análisis de los datos realizado por Le Monde (Las autoridades niegan este porcentaje y afirman que la tasa real es cercana al 88 por ciento).
Del 48 por ciento de las compañías restantes, 68.000 aún no han declarado su beneficiario final. Hay 40.000 que no tiene que hacerlo, porque ningún UBO tiene más del 25 por ciento de la empresa. Pero en 26.000 de estos casos las autoridades reconocen que esas sociedades incumplen la ley y los han enviado a la fiscalía.
En estos casos los administradores de la compañía figuran como UBO.
Según Transparencia Internacional, la definición luxemburguesa de un UBO - alguien que controla al menos el 25 por ciento de una empresa - es especialmente inadecuada por la presencia de numerosos fondos de inversión en el país.
"El concepto de fondo de inversión es que los individuos que invierten en el fondo, y se benefician financieramente de él, no son los mismos que los que controlan el fondo y toman las decisiones sobre los tipos de inversión, entre otros", escribió TI en un estudio. Como resultado, "los delincuentes pueden estratificar o integrar el producto del delito invirtiendo dinero sucio en diferentes fondos de inversión, permaneciendo en el anonimato mientras su inversión esté por debajo del umbral de notificación".
Le Monde y OCCRP también han identificado docenas de casos en los que los beneficiarios finales eran menores, personas fallecidas o individuos que evidentemente eran testaferros.
Quizás el ejemplo más evidente es Prestigestate, la empresa dueña de la casa más cara del mundo: el Château Louis XIV.
La propiedad de 300 millones de dólares se extiende sobre más de 20,000 hectáreas a las afueras de París y fue construida con lujosos materiales para evocar a Versalles. En 2011, cuando la terminaron, fue noticia mundial por sus exagerados lujos, que incluían una sala de meditación submarina y un club nocturno colmado de obras de arte.
Una vista aérea del lujoso Chateau Louis XIV en Louveciennes, cerca a París. Una compañía de Luxemburgo es dueña de la propiedad.
Una compañía de Luxemburgo es dueña del castillo. Pero la prensa ha señalado ampliamente al príncipe saudí Mohamed bin Salman como beneficiario final de esta empresa. Sin embargo, no figura en el registro. Ahí, los UBO son tres saudíes cercanos al príncipe.
La entrada del registro de beneficiarios reales para Prestigestate." %}
Oficialmente, no declarar al UBO o proporcionar información falsa puede castigarse con una multa entre 1.500 y 1,25 millones de euros. Pero en la práctica, aplicar esta medida es una tarea compleja y solo hay un caso conocido de una compañía castigada por fallas en su declaración. La multa fue de 2,500 euros.
El registro de empresas de Luxemburgo tiene solo 59 empleados, pero tiene la tarea de asegurarse de que más de 120.000 empresas declaren su propiedad correctamente y cumplan con todos los demás aspectos de la ley.
“Luxembourg no asume la responsabilidad de la enorme actividad financiera que tiene”, dice Markus Meinzer, un investigador en Tax Justice Network que ayuda a elaborar un índice anual de secretismo financiero. El año pasado, Luxemburgo ocupó el sexto lugar en la lista de jurisdicciones más secretas del mundo.
El ministerio de Justicia argumenta que la necesidad de transparencia se tiene que equilibrar con el derecho a la privacidad.
“Las reglas para su consulta pública se han guiado por el balance necesario entre la salvaguarda del derecho a la privacidad de las personas registradas… por una parte, y el principio de transparencia, por la otra”, afirmó el ministro en una declaración.
Enfatizó que el registro no se vale por sí solo y que los profesionales de las finanzas y los bancos tienen la obligación de prestar atención sobre quienes aceptan como clientes.
El gobierno de Luxemburgo también dijo que las propias empresas eran las responsables de presentar información correcta.
Existe un procedimiento para verificar la exactitud de la información de los beneficiarios reales, escribió el gobierno en una declaración pública. “La determinación de la condición de beneficiarios reales es responsabilidad de la entidad registrada, la cual se compromete expresamente ante la UBO a brindar datos adecuados, precisos y oportunos”.
Thom Townsend, director de Open Ownership, una oenegé británica que aboga por la creación de registros de beneficiarios finales abiertos, afirma que estos pueden ser herramientas disuasorias para los criminales. Pero solo si se hacen de forma correcta.
Sostiene que una base de datos con capacidad de búsqueda completa, como el registro Companies House del Reino Unido, son mucho mejores que las restringidas como la de Luxemburgo.
El grado de verificación también es importante. “En Dinamarca, verifican muestras representativas de empresas para realizar comprobaciones aleatorias", dijo Townsend. "Si Luxemburgo envía una señal fuerte de que están verificando los datos y tomando estas cosas en serio, puede disuadir a la gente de presentar información inexacta".
OpenOwnership también aboga por rebajar el umbral para declarar un UBO del 25 por ciento al 10 o al 15 por ciento, lo que obligaría a más empresas a facilitar esta información.
Otro problema es que Luxemburgo no mantiene los registros históricos de los UBO cuando una compañía ha sido liquidada.
“Es un vacío enorme si la información puede desaparecer de un día para otro”, explica Townsend. “Desde una perspectiva de investigación, el registro histórico es crítico para la cadena de evidencias. Lo que hemos visto en los Papeles de Panamá es que actores corruptos cambian la propiedad de forma regular, para evitar que se pueda rastrear a una persona”.
El riesgo es que este modelo de registro solo parcialmente transparente pueda sentar un precedente en Europa. O incluso más allá.
Las Islas Caimán y las Islas Vírgenes Británicas, dos centros notables de actividad financiera offshore, tienen planes para crear registros de beneficiarios finales en los próximos años. “Actualmente están buscando ajustarse a la media en Europa”, dice Townsend.
"Se considera que Europa establece un punto de referencia para el resto del mundo, y otros gobiernos están analizando lo que hace".
La ciudad de Luxemburgo de noche.
Guarda, esconde, mueve
¿Para qué utilizan los criminales Luxemburgo?
OCCRP y sus socios han analizado la actividad de las compañías que son propiedad de personas políticamente expuestas o de personas con antecedentes criminales, y han encontrado varios patrones.
Uno es el uso de Luxemburgo como puerta de entrada a la Unión Europea para activos que estaban guardados en paraísos fiscales más tradicionales, normalmente en el Caribe.
“Luxemburgo tiene una función importante, conectando negocios no europeos con mercados europeos”, dice Markus Meinzer, investigador en Tax Justice Network. “Inversores de fuera de la Unión Europea pueden invertir ahí dinero sucio a través de Luxemburgo, libres de impuestos y de un modo oculto”.
Un porcentaje sorprendente de sociedades de Luxemburgo son filiales de otras compañías registradas en paraísos fiscales.
Las Islas Caimán, un territorio británico en el mar Caribe con apenas 70,000 habitantes, es el sexto país con el mayor número de subsidiarias en Luxemburgo. Y no es el único paraíso fiscal en la lista: las Islas Vírgenes Británicas están en el puesto 10; Panamá en el 16 y Chipre en el 17.
Así, por ejemplo, el traficante de armas hispano-libanés Abdul Rahmán el Assir transfirió acciones por 70 millones de dólares de Curaçao a una compañía en Luxemburgo. Los Bolichicos - un grupo de hombres de negocios que se hicieron ricos gracias a contratos con el Gobierno venezolano - transfirieron activos de más de 250 millones de Barbados a Luxemburgo.
Una vez que los activos llegan a Luxemburgo, muchas veces dejan el país rápidamente. En muchos casos, las firmas en Luxemburgo son empleadas como vehículo para el tránsito de activos a otros países. Por ejemplo, la red de compañías de los Bolichicos en Luxemburgo, movieron grandes cantidades de dinero, ya fuera en forma de inversión o de préstamos a otras sociedades en España y Gibraltar.
"Ves que hay una gran cantidad de dinero que pasa por Luxemburgo y que no alimenta la economía local", dijo Lim, el funcionario de la UE. “En otras palabras, va a otros lugares”.
Otro patrón común es crear una sociedad en Luxemburgo para invertir en bienes raíces en otros países, especialmente en Francia. En parte por el secretismo y en parte para disminuir los impuestos sobre propiedad de bienes inmobiliarios en otros países europeos, donde las diferencias impositivas pueden ser enormes.
La familia de Oleg Toni, jefe del sistema ferroviario de Rusia, controla un imperio inmobiliario en toda Europa a través de sociedades luxemburguesas. El presunto líder mafioso Maxim Lalakin y el multimillonario ucraniano Rinat Akhmetov también poseen propiedades de esta manera.
Mohamed Najib Mikati, exprimer ministro libanés, implicado en varios casos de corrupción, es el UBO de varias compañías en Luxemburgo cuyo único propósito es tener propiedades en Francia.
Y Sukanto Tanoto, el mayor magnate de aceite de palma de Indonesia, que ha sido acusado de fraude fiscal y de numerosos crímenes medioambientales, compró en secreto un edificio histórico de Múnich por casi 350 millones de euros a través de una compañía de Luxemburgo.
Sven Giegold, portavoz del partido Verdes alemanes en el Parlamento Europeo y miembro del Comité sobre Política Económica y Financiera, denuncia que hay demasiados vacíos que permiten que el dinero sea movido por fuera de la UE vía Luxemburgo. “Cuando estructuras, por ejemplo, la propiedad de ingresos por bienes raíces en Europa, muchas veces tienes una empresa en Luxemburgo”, explicó. “Compras una propiedad en Alemania, en España y canalizas el dinero que ganas localmente a Luxemburgo y afuera de la UE”.
“Es un lugar en el que quieres estar, también como criminal”, añadió.
Y eso se cumple en el caso de al menos una organización criminal. Giuseppe Lombardo, un fiscal antimafia de la región italiana de Reggio Calabria, un bastión de la ‘Ndrangueta, le explicó a OCCRP que Luxemburgo es muy atractivo para la mafia por la opacidad de su sistema financiero.
“En ese país hay sistemas financieros y ‘cofres’ discretos que son extremadamente atractivos para aquellos que necesitan guardar dinero y fondos ilícitos”, dijo.
¿Un ‘Estado facilitador’?
El investigador italiano, así como fiscales y policías de otros países como España, explican que sus esfuerzos para seguir el rastro a criminales en Luxemburgo se han visto obstaculizados por la cooperación poco entusiasta de las autoridades locales. En especial cuando se trata de seguir flujos financieros.
Investigadores italianos le indicaron a OCCRP que ha sido difícil seguir el dinero de la ‘Ndrangueta en Luxemburgo por el secreto bancario y la falta de transparencia. Un funcionario español que investiga el lavado de dinero concuerda.
“Luxemburgo ha actuado como un ‘estado facilitador’, un tipo de país que, con su comportamiento fraudulento o ignorancia deliberada, ha facilitado el blanqueo de dinero de criminales y corruptos de todo el planeta”, dijo.
Otro fiscal español declaró a OCCRP que le pareció que las autoridades luxemburguesas frustrantemente opacas. “Los luxemburgueses se mueven siempre al límite de la no cooperación. Tienes que ser muy precisos en lo que pides, porque si no lo haces así te dices que estás llevando a cabo una investigación prospectiva y no cooperan”.
“Muchas veces, solo el abogado o el representante que ha registrado la sociedad sabe quién es realmente el propietario”.
El Ministerio de Justicia de Luxemburgo rechazó estas afirmaciones y dijo que el país era "un socio constructivo y fiable" y que cooperaba fácilmente con las autoridades de otros países.
En última instancia, dicen los expertos, ningún país puede acabar con el crimen financiero por sí solo, por muy buenas que sean sus prácticas. Zucman, el profesor de Berkeley, dijo que la mejor solución sería un registro público de todo el bloque comunitario que cubra todos los tipos de riqueza.
Esto permitiría a las autoridades de diferentes países europeos acceder a la información.
“Hay una necesidad de ser más ambiciosos”, afirmó.
“Una gran lección del caso de Luxemburgo es que necesitamos avanzar hacia un registro financiero de la Unión Europea. Eso sería una encarnación completa de la noción de transparencia financiera”.