¿Qué tienen en común una abuela de 81 años, un abogado millonario y un magnate del tratamiento de residuos? Todos ellos han sido investigados en procesos de corrupción, lavado de dinero o fraude en Brasil, donde están estrechamente conectados con la élite política.
Un grupo de periodistas ahora encontró otro vínculo entre estos brasileños adinerados: todos poseen empresas en Luxemburgo, una pequeña nación de Europa con regulaciones financieras muy reservadas.
Inês Maria Neves Faria es la madre de Aécio Neves, un destacado político brasileño y padre de tres hijos que está en el centro de múltiples investigaciones de corrupción. En general, ella se mantuvo en un segundo plano mientras la carrera política de su hijo se disparaba, pero el registro de empresas de Luxemburgo sugiere que podría haber jugado un papel en la construcción del imperio financiero de Aécio.
"El fiscal general debe investigar el material que ustedes encontraron y agregarlo a la denuncia [penal] que se ha hecho", dijo Claudio Fonteles, exfiscal general federal.
Algunas de las empresas de Luxemburgo también podrían estar involucradas en otras dos investigaciones.
Luís Felipe Belmonte, aliado cercano del presidente Jair Bolsonaro, es un abogado adinerado que ha financiado a candidatos políticos de diversos partidos. Debe 1,8 millones de dólares en impuestos, ha sido investigado por lavado de dinero –– y le confesó a los periodistas que no ha declarado a las autoridades que es dueño de una empresa en Luxemburgo.
Por otro lado, Carlos Leal Villa fue acusado de ser responsable de una catástrofe social y ambiental provocada por filiales de su Grupo Solví, las cuales no habían eliminado adecuadamente los productos químicos tóxicos y las aguas residuales de la ciudad de Belém. Sin embargo, a los fiscales brasileños les costó hacerlo responsable.
Cuatro firmas del Grupo Solví implicadas en el escándalo del vertedero son propiedad de una compleja red de sociedades holding que Leal Villa estableció en Luxemburgo, según ha descubierto OCCRP.
Luxemburgo ha sido durante mucho tiempo un destino atractivo para personas de todo el mundo que quieren ocultar su riqueza. Pero en 2019, el país respondió a las exigencias de transparencia de la Unión Europea y publicó un registro que incluye la identidad de las personas que están detrás de las empresas alojadas en su territorio.
Pero Luxemburgo limitó seriamente el registro: solo se puede buscar por nombre de empresa o número de registro, pero no por nombre de persona.
Sin embargo, el periódico francés Le Monde logró extraer 3,3 millones de registros de la página web del registro y colaboró con el equipo de datos de OCCRP para poder realizar búsquedas en la bases de datos. Esto permitió a los periodistas rastrear algunas de las firmas conectadas con las élites brasileñas.
Vendiendo Influencia
El congresista Aécio Neves ha sido el blanco de múltiples investigaciones por corrupción, pero las autoridades nunca habían vinculado su riqueza a Luxemburgo.
Las acusaciones de corrupción han empañado la carrera del ambicioso político, quien quedó segundo en la carrera presidencial de Brasil en 2014. Los fiscales alegan que estableció un sofisticado esquema para recibir dinero sucio, involucrando cuentas bancarias y empresas extranjeras.
Neves fue captado en una grabación presuntamente planeando aceptar sobornos de Joesley Batista, un poderoso hombre de negocios que colaboró con la Fiscalía Federal. Batista le dijo a los fiscales que pagó cerca de 47 millones de dólares a Neves, quien supuestamente usó su influencia política para garantizar exenciones fiscales para las empresas de Batista.
Batista le indicó a los fiscales que en 2017, tanto Neves como su hermana, en diferentes momentos, le dijeron que comprara el apartamento dúplex de su madre en São Conrado, un exclusivo barrio frente al mar en Río de Janeiro, por 40 millones de reales brasileños (unos 12 millones de dólares). Esto era casi el doble de su avalúo, según un informe del programa de noticias insignia de la cadena de televisión brasileña Rede Globo, Fantástico.
Ahora, los datos de OpenLux revelan que la madre de Neves, Inês Maria Neves Faria, era propietaria de una empresa en Luxemburgo. La firma, Domomedia Investment Holding, se creó en 2017, tan sólo 17 días antes de que la hermana de Neves le pidiera a Batista que pagara de más por el apartamento de su madre. Sin embargo, Inês Maria Neves no aparece en los documentos de la empresa sino hasta el año siguiente.
Domomedia nunca ha sido mencionada por los fiscales, quienes previamente han nombrado a las empresas que están investigando por vínculos con Neves. Fonteles, quien se desempeñó como fiscal general entre 2003 y 2005, señaló que las autoridades deberían investigar a Domomedia ahora que se ha revelado su existencia.
"Los hechos que ustedes descubrieron están totalmente relacionados con las otras investigaciones", dijo.
Tanto la Fiscalía General como la agencia federal de impuestos se negaron a comentar, citando la confidencialidad de sus investigaciones.
Neves no respondió a las preguntas sobre si declaró o no la empresa luxemburguesa a la dirección de impuestos o al Banco Central.
Dijo que su madre estuvo casada durante décadas con un prominente banquero brasileño. “Toda su vida económico-financiera y patrimonial [está] ligada a él y no a sus hijos, como está ampliamente documentado”, dijo.
Poco después de que los periodistas contactaran a Neves para que explicara la existencia de Domomedia, la compañía subió un nuevo informe anual al Registro Mercantil de Luxemburgo. Tenía 10 veces más activos que su versión anterior. Cuando se le preguntó sobre este cambio repentino, un abogado de la familia Neves dijo que un edificio que Inês Maria Neves poseía en Europa había sido transferido recientemente a su empresa de Luxemburgo, después de un retraso por la pandemia de COVID-19.
Inês Maria Neves ya había sido objeto de escrutinio por parte de las autoridades. De hecho, los fiscales están investigando otra empresa que fundó en Liechtenstein, de la cual sospechan que pudo haber sido utilizada para ocultar sobornos solicitados por su hijo.
Aunque el propio Neves ha estado implicado en otros esquemas de corrupción, los escándalos no han arruinado su carrera. En 2018, después de servir en varios otros cargos políticos, fue elegido para el Congreso.
Negación firme
Otro actor político poderoso que enfrenta una investigación financiera es Luis Felipe Belmonte.
Belmonte es vicepresidente de la Alianza por Brasil, una organización respaldada por el presidente Bolsonaro que apunta a convertirse en el partido conservador dominante del país. Él y otros miembros importantes de la Alianza estaban bajo investigación por lavado de dinero, pero los detalles del caso se mantenían sellados, por lo que su estado actual no está claro.
En 2018, Belmonte fue elegido como senador suplente, lo que significa que reemplazaría al senador Izalci Lucas si este último dejaba el cargo por cualquier motivo. Al presentar su candidatura en el Distrito Federal, que rodea a la capital de Brasilia, Belmonte tuvo que declarar su patrimonio ante el Tribunal Superior Electoral. Los registros muestran que declaró 65,7 millones de reales brasileños (alrededor de 17 millones de dólares), incluyendo dinero en efectivo en cuentas bancarias en el extranjero.
Pero Belmonte no informó a las autoridades electorales sobre Copalli Investments Sarl, un holding financiero registrado en Luxemburgo. Tampoco reveló su existencia a la agencia federal de impuestos brasileña, que está examinando sus activos porque debe cerca de 1.8 millones de dólares en impuestos, según información obtenida a través de una solicitud de información.
De hecho, Belmonte en un principio negó cualquier vínculo con la firma, diciéndole a un periodista: "No declaró a la agencia de impuestos nada en relación con Copalli por el simple hecho de que no formó parte de la membresía, como titular de cuota o accionista de esa empresa, no tengo ninguna propiedad en relación a ella".
Belmonte se retractó cuando le presentaron evidencia descubierta por OCCRP en el registro de Luxemburgo, pero agregó que no recibió ningún beneficio financiero de la empresa.
"Había planes para usar esto para la futura planificación de la sucesión (en relación con los herederos), pero esto no se hizo (tengo 7 hijos)", dijo en un correo electrónico.
El balance de Copalli de 2019 muestra activos por 17.044,92 euros. Los registros financieros de la empresa no están disponibles, por lo que fue imposible para los periodistas determinar qué dinero había pasado por las cuentas de la empresa desde que se fundó en 2013.
Deudas tóxicas
En marzo de 2017, los habitantes del empobrecido municipio de Marituba se vieron afectados por una ola de enfermedades que congestionaron los hospitales, incluidas enfermedades de la piel y respiratorias. Un olor insidioso llenó el aire, lo que obligó a cerrar las empresas, mientras que el sistema de agua de la ciudad y una reserva protegida cercana fue contaminada.
Un cóctel tóxico de productos químicos se estaba filtrando de un vertedero que contenía desechos de la cercana Belém, una ciudad de más de 2,3 millones de habitantes cerca de la desembocadura del río Amazonas. Los desechos no tratados habrían podido llenar 70 piscinas olímpicas, señaló un juez.
En el centro de esta catástrofe estaba el Grupo Solví, uno de los conglomerados de tratamiento de residuos más grandes de Sudamérica. Los ejecutivos de Solví fueron acusadosde una serie de delitos, desde negligencia hasta fraude.
El ministerio público del estado mencionó al presidente del Grupo Solví, Carlos Leal Villa, como personalmente responsable, argumentando que su "conducta maliciosa" había dañado la salud humana y el medio ambiente.
"Tales acusaciones son infundadas, especialmente porque el Ministerio Público de Pará no describe ningún acto o conducta realizada por el señor Carlos Villa que haya impactado el medio ambiente o la salud de las personas", dijo la oficina de prensa de Solví a OCCRP. "Esto lleva a reconocer la ineptitud de la denuncia, que se está discutiendo en los tribunales brasileños".
Un juez ordenó a los bancos brasileños congelar alrededor de 26 millones de dólares de las cuentas de las cuatro empresas de Solví, para que pudieran usarse para el saneamiento. Pero hacer que Solví pague más sanciones por sus delitos podría ser un desafío, ya que gran parte de su dinero está en cuentas y empresas en el extranjero.
OCCRP descubrió que Leal Villa creó una red de empresas en Luxemburgo y en muchas otras jurisdicciones usadas para mover el dinero y los activos de Solví. Cada empresa implicada en delitos ambientales en Marituba es propiedad de una empresa fantasma en Luxemburgo.
Eso podría crear un dolor de cabeza para la policía brasileña.
Una subsidiaria fue condenada por delitos ambientales el año pasado y se le ordenó pagar una multa adicional; el caso está ahora en apelación. Los residentes de Marituba todavía están esperando un juicio final sobre los otros acusados, incluidos Solví y el mismo Leal Villa.
"Un juez podría bloquear los activos en Brasil, pero el resto dependerá de la cooperación internacional", dijo Davi Tangerino, abogado y profesor de derecho penal de la Universidad Fundação Getulio Vargas en Río de Janeiro. "No tiene ninguna garantía de que el país obedecerá al juez".
El material publicado por Solví no menciona ninguna de sus sociedades holding en Luxemburgo. En lugar de que cada empresa esté vinculada a un sector particular de los negocios del Grupo Solvi, las empresas se configuran como muñecas rusas, con una empresa siendo propietaria de otra. Si bien esto es perfectamente legal, esto permite que el capital fluya a través de ellas y a través de las fronteras.
La oficina de prensa de Solví le dijo a OCCRP que la estructura transnacional no fue una decisión sino el resultado de la compra de los activos sudamericanos de la empresa francesa de servicios públicos Suez. Explicó que para poder comprar las participaciones con sede en París, Leal Villa necesitaba crear una empresa luxemburguesa para hacerlo, ya que no es ciudadano de la Unión Europea.
De hecho, Leal Villa debería haber podido asumir la propiedad de la empresa francesa simplemente haciendo una declaración al Ministerio de Economía de Francia. Sin embargo, poseer la empresa a través de Luxemburgo ofrecía ventajas fiscales.
Solví dijo a OCCRP que se crearon más empresas para administrar activos, admitir acuerdos de socios y accionistas, y agregó que Solví siempre ha declarado su cadena societaria de accionistas a las autoridades pertinentes de acuerdo con las leyes aplicables.
Activos en Luxemburgo
Datos obtenidos a través de una solicitud de información al Banco Central de Brasil muestran que las autoridades sólo conocen una fracción de la riqueza brasileña que se mantiene en Luxemburgo.
Los periodistas de la investigación de OpenLux encontraron 448 empresas propiedad de 228 residentes brasileños y 129 ciudadanos brasileños. En conjunto, los activos de estas empresas ascienden a al menos 113.000 millones de euros, hasta finales de 2020.
Sin embargo, el Banco Central tenía conocimiento de que sólo 176 residentes brasileños poseían empresas en Luxemburgo en 2019.
Hay muchas razones legítimas para iniciar una empresa en Luxemburgo, pero la ley brasileña requiere que se declare a las autoridades, según Flávio Rubinstein, profesor de derecho tributario en la Universidad Fundação Getulio Vargas.
“Cuando se informa debidamente y cumple con la legislación brasileña, las entidades extraterritoriales pueden utilizarse legalmente para la estructuración patrimonial, la planificación fiscal internacional y la protección de activos”, dijo.
Otra razón por la cual la gente elige Luxemburgo es el fácil acceso que ofrece a las transacciones financieras y corporativas internacionales. Pero el secreto financiero del país también lo convierte en una opción atractiva para los brasileños que buscan ocultar o proteger activos de las autoridades gubernamentales o los cuerpos de seguridad.
“Los tribunales brasileños pueden ordenar la incautación de activos y fondos en el extranjero”, dijo Rubinstein, pero agregó que obtener ayuda de otros países puede ser un proceso largo y difícil.
“La ejecución de tales órdenes generalmente implica procedimientos largos y costosos, como activar acuerdos de cooperación internacional y solicitar la asistencia de funcionarios y tribunales extranjeros”, dijo.
