Posible conflicto de intereses en relación del BCIE con Corea del Sur

Los delegados del Banco Centroamericano de Integración Económica fueron agasajados con danzas tradicionales coreanas, música de tambores y kimchi mientras socializaban en un evento en 2021 diseñado para dar a conocer la cultura surcoreana en el corazón de la capital de Honduras.

El principal banco de desarrollo de Centroamérica, conocido por las siglas BCIE, había tardado décadas en convencer a Corea del Sur de incorporarse. Seúl se convirtió finalmente en “socio extrarregional” en 2019, con la esperanza de que el BCIE ayudara a las empresas surcoreanas a sacar provecho del gran número de empresas estadounidenses que están trasladando sus cadenas de suministro a Centroamérica.

“Una vez más, destacamos cómo Corea ha ayudado a Centroamérica”, señaló el presidente del banco, Dante Mossi, en un discurso en el evento 2021.

“Aunque son nuestro socio más reciente, nos ayudaron durante la emergencia de COVID-19... También están trabajando en varias innovaciones en la región, y apenas hemos visto el comienzo”.

La incorporación de Corea del Sur —el segundo mayor donante del BCIE después de su otro miembro asiático, Taiwán— fue una bendición para el banco de desarrollo. Los 450 millones de dólares que ofrecía Seúl ayudaron a mejorar la calificación crediticia del BCIE, respaldaron una ampliación de capital de 5.000 a 7.000 millones de dólares y representaban nuevos fondos que el banco podía otorgar en forma de préstamos.

Pero la inyección de nuevos fondos también ha creado nuevas oportunidades para consultores y asesores que puedan ayudar al BCIE a gastar los fondos surcoreanos.

En una investigación del OCCRP, Columbia Journalism Investigations y KCIJ-Newstapa se pudo constatar que algunas de esas consultoras tienen vínculos con personas que trabajan con el BCIE: el entonces asesor del presidente del banco sobre temas de Corea del Sur, Jason Oh, y su antiguo socio Seung-yol Lee, coordinador del fondo fiduciario surcoreano del banco.

En su conjunto, tres empresas vinculadas a los señores Oh y Lee obtuvieron 1,6 millones de dólares en contratos con el BCIE en 2020 y 2021 para ayudar a gestionar estos fondos surcoreanos, o para asesorar en la “canalización de recursos” de Corea del Sur a Centroamérica, o “fortalecer los lazos políticos entre el BCIE, la región del SICA [Centroamérica] y Asia-Pacífico”.

En los documentos de las empresas surcoreanas no aparece quién es el propietario de estas consultoras, aunque Oh y Lee sí ocuparon altos cargos en algunas de ellas y han trabajado estrechamente con otras. Ninguno de los dos respondió cuando se les solicitó algún comentario.

Tanto Lee como Oh trabajaban para ese entonces con el BCIE. En la lista de contratistas se puede apreciar que Oh fue contratado como asesor de Mossi en 2020 —y según el presidente, aún sigue trabajando con el banco. En el perfil corporativo de Lee se aprecia que empezó a trabajar para el BCIE ese mismo año, y que sigue siendo asesor del banco.

Los reporteros no encontraron pruebas de que Oh o Lee hayan ejercido alguna influencia en la adjudicación de estos contratos. Sin embargo, los expertos que revisaron los hallazgos de la investigación señalan que se debería investigar la trama, porque es posible que se hayan violado las políticas de conflicto de intereses del BCIE.

Han-Beom You, director del capítulo surcoreano de Transparencia Internacional, declaró a Newstapa que se trataba de un “clásico conflicto de intereses”.

El BCIE no emitió ningún comentario para este artículo.

Un “puente” entre culturas

Uno de los objetivos declarados de Seúl al incorporarse al BCIE era ayudar a las empresas surcoreanas a expandir sus negocios en Centroamérica.

Poco tiempo después de incorporarse, su gobierno creó el Fondo Fiduciario de Donante Único Corea-BCIE (KTF) con el fin de otorgar 50 millones de dólares en subvenciones a los proyectos del banco por un plazo de cinco años. Según las normas del fondo, al menos el 55 % de ese dinero se destinó a empresas surcoreanas. En la práctica, las empresas coreanas han recibido incluso más —cerca del 80 %—, según el informe anual de 2021 del fondo.

Aunque el KTF era gestionado por el BCIE, exfuncionarios del gobierno surcoreano ocuparon puestos destacados. Entre ellos, Kunmin Kim, ex alto funcionario del Ministerio de Economía de Corea, que fue designado como administrador.

“El personal del gobierno coreano asignado al BCIE... [servirá] de trampolín entre la economía coreana y el BCIE y la economía centroamericana”, escribió Kim en un artículo publicado en el sitio web del Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea.

“Hacer negocios en Centroamérica a través del BCIE reduce los riesgos políticos y aumenta la estabilidad y la sustentabilidad.” El consultor coreano-estadounidense Oh ha sido clave para forjar la relación del BCIE con Corea del Sur. Ya en 2016 se le ve en fotos codeándose con altos funcionarios del BCIE. Varios antiguos y actuales funcionarios del BCIE afirman que Oh desempeñó un papel crucial en la incorporación de Corea del Sur como miembro.

Mossi señaló que Oh ya había sido contratado con ese fin cuando se le designó como presidente ejecutivo del banco, a finales de 2018. Oh fue incorporado como asesor de Mossi “en todos los asuntos y negocios relacionados con la República de Corea” en 2020, según una lista de contratistas del BCIE.

“Para conocer Corea, necesitas a alguien que te ayude a traducir literalmente el camino a seguir”, explicó Mossi al OCCRP en una entrevista. “Contratamos a gente para que nos ayude con las relaciones con el gobierno cuando no tenemos presencia física en ese país, es lo normal”.

Mossi añadió que Oh sigue trabajando con el BCIE en la actualidad, y que ha fungido de contratista tanto con la oficina de finanzas como con la unidad de estrategia.

Pero Oh no sólo ha ayudado al BCIE a hacer negocios con Corea del Sur. Los periodistas pudieron corroborar que algunas consultoras donde personas cercanas a él ocupaban altos cargos también han conseguido contratos con el banco. Entre estas personas se encuentra Lee, su colega consultor en el BCIE.

Oh y Lee han trabajado juntos durante más de una década en una serie de empresas de consultoría constituidas tanto en Estados Unidos como en Corea del Sur. También compartían domicilio: En 2011 y 2012, ambos indicaron el mismo apartamento residencial en los documentos relacionados con dos casos judiciales civiles que se procesaron en Washington, D.C. (Ambos casos fueron desestimados).

La misma dirección se utilizó para crear una consultora estadounidense llamada Logical Standard en 2010. En sus registros de constitución figura Jason Oh como agente registrado, aunque no se indica quién es el propietario de la empresa.

Dos días después de que se constituyera Logical Standard, Lee volvió a utilizar la misma dirección para registrar el dominio de un sitio web llamado logicstand.com. En los registros, Lee dice representar a una empresa llamada Kore Development Advisors —otra consultora estadounidense de la que Oh fue presidente y donde el perfil corporativo de Lee indica que fue director entre 2011 y 2019.

Cuatro años después, y a miles de kilómetros de distancia, Oh también figuraba como director en el acta constitutiva de otra consultora llamada Logical Standard, en esta ocasión registrada en Corea del Sur.

A primera vista, este enrevesado rastro documental que vincula a Lee y Oh a ambos lados del Pacífico termina ahí, ya que las Logical Standards estadounidense y surcoreana han cerrado operaciones. Pero los investigadores han hallado indicios de que han resurgido como una de las consultoras que obtuvieron contratos del BCIE, una empresa surcoreana llamada Logic Stand Co. Ltd.

Tres personas que conocían de Logic Stand y las otras consultoras contratadas por el BCIE declararon que trabajaban en estrecha colaboración con la empresa propiedad de Oh, Kore Development Advisers (o Korda), e incluso licitaron en los mismos proyectos. La correspondencia que obtuvieron los periodistas señala que las empresas compartían personal y colaboraban entre ellas.

“Siempre me he preguntado... cómo nadie se ha dado cuenta de que es la misma persona” la que está detrás de las empresas, indicó una de las personas, que pidió no ser identificada para proteger su carrera.

Cuando se le solicitó un comentario para este artículo, el Ministerio de Economía y Finanzas de Corea del Sur declaró que el BCIE gestiona por completo el KTF y que el gobierno coreano no supervisa a quién contrata.

El banco “selecciona de forma independiente a los proveedores según la normativa interna, y el Ministerio de Economía y Finanzas no tiene ninguna autoridad de gestión o supervisión”, afirmó.

Mossi declaró al OCCRP que el contrato de Oh con el BCIE expirará pronto porque el banco ya abrió una oficina en Corea del Sur.

Cuando un periodista de Newstapa visitó las oficinas de Korda y Logic Stand a finales de octubre, ambas estaban vacías y sus puertas cerradas. Según agencias inmobiliarias, ambos espacios se pusieron en alquiler a principios de octubre.

‘Básicamente mentiras’

Además de la inyección de fondos al BCIE, Corea del Sur también aportó dinero para ayudar a sobrellevar el COVID-19 después de que la pandemia azotara la región a principios de marzo de 2020.

Los funcionarios del banco utilizaron sus nuevos contactos coreanos para adquirir lo que se suponía que eran pruebas de PCR a bajo precio, que ayudarían a los países centroamericanos a diagnosticar nuevos casos del virus en los primeros días de la pandemia.

Pero las gestiones para adquirir las pruebas de empresas surcoreanas acabó en un bochorno —y en una auditoría interna inquisitiva que detectó violaciones éticas— después de que se confirmara que a las pruebas les faltaban piezas clave que las hacían inutilizables.

“A sugerencia de nuestro entonces Director coreano, su gobierno ofreció algunos kits de pruebas a los precios que ellos mismos las obtendrían, y facilitó el nombre de varias empresas”, explicó Mossi.

Mossi delegó en su asesor sobre Corea del Sur, Jason Oh, los contactos con los proveedores y para que negociara directamente con ellos, según una auditoría de la compra a la que tuvieron acceso los periodistas. El BCIE acabó pagando a una empresa surcoreana 2,1 millones de dólares por unas pruebas PCR que pensaba distribuir entre sus Estados miembros.

Pero cuando las pruebas llegaron a Costa Rica había un problema: faltaban los “kits de extracción” —los tubos que contienen los bastoncillos utilizados para tomar la muestra de los pacientes—, por lo que resultaban inútiles.

“Por desgracia, las pruebas de coronavirus donadas —con generosidad y las mejores intenciones— por los socios extrarregionales del BCIE a los socios regionales no pueden ser utilizadas por estar incompletas”, escribió el entonces director del banco en Costa Rica, Ottón Solís, en un correo electrónico a Mossi el 14 de abril de 2020.

Cuando Mossi respondió que los kits habían sido solicitados por los ministerios de salud de los estados miembros, Solís volvió a escribir —esta vez colocando el texto de su correo en rojo para enfatizar— solicitando a Mossi que compartiera “esta solicitud errónea de los ministros por escrito... para proteger la reputación del BCIE”.

Mossi respondió que las pruebas habían sido solicitadas al “más alto nivel” del Consejo de Integración Regional, SICA, y habían sido “aprobadas” por el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica, COMISCA. Cualquier problema con las pruebas podría subsanarse comprando los kits de extracción que faltan, añadió Mossi.

“Creo que es una oportunidad para demostrar que podemos colaborar”, le escribió Mossi a Solís.

Pero en la auditoría se confirmó que Oh empezó a negociar la compra de las pruebas antes de que los directores del BCIE la hubieran aprobado.

También se constató que COMISCA, como afirmaba Mossi, no había dado el visto bueno a las pruebas ni las había evaluado en detalle antes de la compra, salvo para señalar que les faltaba un componente clave.

La auditoría hizo referencia tanto a la “deficiente actuación profesional de los responsables de la donación” como a las “violaciones éticas” que se cometieron al intentar encubrir el error.

“En varias etapas de la operación se expresaron verbalmente y por escrito informaciones, conceptos y opiniones intencionalmente erróneas (en resumen, mentiras)”, escribió el jefe de ética del banco, a la vez que recomendó que se abriera un caso ante el comité de ética del BCIE.

En una carta adjunta, hizo un “enérgico llamado de atención” a Mossi y a otros altos funcionarios por comprar las pruebas incompletas, negarlo y “alegar repetidamente” que COMISCA y los gobiernos regionales habían aprobado la compra.

Mossi defendió la decisión de comprar las pruebas, declarando al OCCRP que Oh había logrado negociar con los proveedores surcoreanos un precio mucho mejor que otras alternativas disponibles en ese momento.

En otros comentarios por escrito, señaló: “La compra de kits de pruebas que hizo el BCIE fue auditada y no se encontró ninguna irregularidad”. Afirmó que el banco sí consultó a COMISCA sobre las pruebas, y que había creado un panel de expertos para realizar la compra siguiendo los consejos del organismo sanitario regional.

La junta directiva del BCIE aprobó en mayo de 2020 un monto de hasta 2,3 millones de dólares adicionales para comprar kits de análisis y muestreo, es decir, más del doble del monto original que se gastó. Mossi indicó que la segunda ronda de subvenciones incluía los kits de extracción que faltaban.

Pero para entonces, señaló el auditor, ya se había perdido la ventaja de haber comprado las pruebas temprano.

Aunque no se mencionó específicamente al BCIE, en el Parlamento surcoreano ya se han planteado preocupaciones sobre la falta de transparencia en torno a las donaciones y préstamos que el gobierno concede a instituciones internacionales de desarrollo.

En 2019, un congresista propuso una enmienda legal con la que se buscaba una mayor supervisión del monto de dinero que se estaba entregando a dichas organizaciones. Aunque el Ministerio de Finanzas rechazó la propuesta, los funcionarios admitieron en su respuesta a la moción que “no existe un control fiscal real” y que la ley de Corea del Sur sobre el financiamiento de bancos de desarrollo “se está utilizando para eludir el debate presupuestario.”

“Es necesario mejorar el sistema para que puedan corregirse las prácticas poco razonables y los aportes a la inversión puedan gestionarse y ejecutarse con transparencia”, declaró Hong Sung-kook, legislador del partido de la oposición que ha criticado los aportes del gobierno a las instituciones financieras internacionales.

Andrew Little is a reporting fellow for Columbia Journalism Investigations, an investigative reporting unit at the Columbia Journalism School.