La noche del 27 febrero de 2014, Daniel Atala Midence, el joven vástago de una de las familias más poderosas de Honduras, sintió como se le quitaba un enorme peso de encima.
Acababa de enterarse de que la empresa familiar en la que se desempeñaba como director financiero había recibido un tramo crucial de financiamiento para una represa hidroeléctrica que estaba construyendo en las tierras altas del occidente hondureño.
El proyecto, llamado Agua Zarca, había sufrido retrasos debido a las protestas de grupos indígenas de la zona, que afirmaban que la represa causaría estragos en un río sagrado y diezmaría las poblaciones de peces, vitales para su alimentación. Después de que un manifestante resultara víctima en un tiroteo, tanto el financista como la constructora de la represa se retiraron del proyecto.
De tal manera que la familia Atala y su empresa, Desarrollos Energéticos S.A. de C.V. (DESA), recurrieron al financiamiento del principal banco de desarrollo de la región, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Cuando Daniel Atala se enteró de que el BCIE había aprobado finalmente un préstamo de 24,4 millones de dólares, que esperaban desde hacía tiempo, respiró aliviado.
“Me siento 50 lb’s lighter” (25 kg más liviano), le escribió a su novia por WhatsApp, en uno de los miles de mensajes recopilados como parte de un caso judicial en Honduras, al que tuvieron acceso los periodistas. Al principio, le comentó a su novia que le preocupaba que el BCIE no firmara el acuerdo del préstamo, que también incluía otros 20 millones de dólares que proveerían prestamistas holandeses y finlandeses, fondos que serían administrados a través del BCIE.
“Joder, me estaba volviendo loco”.
Pero no sólo se aprobó el préstamo, sino que se puso en marcha un proyecto que acabaría en tragedia.
Dos años después de los mensajes de media noche de Daniel Atala a su novia, la activista ecologista hondureña Berta Cáceres, quien lideraba una campaña contra la construcción de la represa, fue asesinada a tiros en su dormitorio por un escuadrón de asesinos dirigido por un exfrancotirador de las fuerzas especiales hondureñas.
Los asesinos habían sido contratados por el presidente de DESA, Roberto David Castillo Mejía, según un tribunal hondureño que lo condenó el año pasado a 22 años de prisión por ayudar a tramar y mandar a perpretar el asesinato, junto con otros siete hombres, aunque aún tiene derecho a apelar su condena. Castillo no respondió cuando se le solicitó un comentario sobre el caso. Por otra parte, la fiscalía hondureña no ha imputado a Daniel Atala en relación con el asesinato.
Un sinfín de reportajes se ha escrito sobre el asesinato de Cáceres y las consecuencias en Honduras. Sin embargo, poco se ha publicado sobre cómo el BCIE aceptó ayudar a financiar el proyecto Agua Zarca.
Ahora, una investigación del OCCRP y Columbia Journalism Investigations revela que el banco —que asegura dar prioridad a proyectos sostenibles desde el punto de vista medioambiental y que reduzcan la pobreza— pasó por alto señales de alarma cuando se asoció con DESA y sus poderosos propietarios, la familia Atala.
El OCCRP tuvo acceso a auditorías internas confidenciales en las que se afirmaba que el BCIE debió haber “analizado la capacidad financiera y técnica de los promotores para realizar sus aportes” antes de aprobar el préstamo de 24,4 millones de dólares. Los auditores señalaron que la empresa tenía un valor contable de sólo 2 millones de dólares, y estaba asumiendo un proyecto de casi 50 millones.
Lo que es más preocupante es que las personas detrás de DESA —la familia Atala y Castillo— “no tenían experiencia en proyectos de generación de energía” cuando se aprobó el préstamo para la construcción de Agua Zarca, señala la auditoría.
En los mensajes de texto que envió a su novia sobre el préstamo, Atala fue franco sobre su inexperiencia. “Ahora me siento mal. Debo $44,4 millones... Voy a trabajar para el BCIE por los próximos 13 años para generar esa cantidad de dinero... Me estoy volviendo loco”.
“Dannyyyyy!!!!”, respondió su novia. “Todas, absolutamente todas las empresas se endeudan”.
“No tanto”, respondió él. “¿Cómo es que [mi tío y mi padre] no se están volviendo locos, confiándole tanto dinero a dos niños?”
Las auditorías demuestran que el BCIE hizo caso omiso de varias advertencias sobre los riesgos del proyecto, desde preocupaciones por daños medioambientales hasta informes de que DESA estaba agudizando las tensiones con la comunidad local. No se entra en detalles sobre por qué sucedió esto, pero la familia Atala estaba bien conectada en Honduras —y también en el banco.
El padre de Daniel, José Eduardo Atala Zablah, accionista de la empresa propietaria de DESA, había ostentado el cargo de director nacional del banco de desarrollo en Honduras durante dos años a principios de la década de 2000. Su tío, Jacobo Atala Zablah, es un célebre empresario hondureño que fue presidente del Banco BAC, uno de los mayores prestamistas del país. En 2021, Contracorriente, aliado del OCCRP, confirmó que Jacobo Atala había ayudado a crear varias empresas offshore para Porfirio Lobo, presidente de Honduras entre 2010 y 2014.
Ni José Eduardo Atala Zabala ni Jacobo Atala Zablah respondieron cuando se les solicitó comentarios al respecto.
En los mensajes de texto que envió a su novia, Daniel Atala indicó que el BCIE había tardado mucho en aprobar el préstamo. “Tuve q[ue] usar mis Frank Underwood backchannels,” dijo —en referencia al mañoso protagonista de la serie de Netflix “House of Cards”.
“Jacko”, agregó en el siguiente mensaje, utilizando un apodo para su tío Jacobo.
Atala respondió por escrito a preguntas del OCCRP que simplemente estaba alardeando para impresionar más.
“No se utilizaron canales clandestinos de ningún tipo para poder aprobar este financiamiento y si hubo un mensaje texto a una novia diciendo lo contrario fue sólo con la intención de galantear, para intentar parecer más interesante o buscando más conversación, como hacen los jóvenes cuando están enamorando a una novia”, señaló.
Añadió que se había realizado una debida diligencia “extremadamente amplia” antes de que se otorgara el préstamo a su empresa para la represa, e hizo énfasis en que su padre había dejado su cargo de director del BCIE años antes.
“Eso no parece un conflicto de intereses, pero entiendo que esta información no encaja en la narrativa que están tratando de vender”, señaló.
Sin embargo, Wout Albers, un abogado de derechos humanos que representa a la familia de Cáceres en un caso civil en Países Bajos contra el FMO, otro banco que desembolsó préstamos al proyecto, indicó que el papel de José Atala en DESA debería haber hecho saltar las alarmas dentro del BCIE.
El banco “debió darse cuenta de que otorgar un préstamo de 24 millones de dólares a su exdirector daba la impresión de conflicto de intereses, o al menos de nepotismo”, afirmó Albers.
El presidente saliente del BCIE, Dante Mossi, declaró al OCCRP en una entrevista que no podía defender la decisión del banco de prestar dinero para la represa de Agua Zarca. Admitió que era uno de los muchos préstamos fallidos que heredó cuando asumió su cargo a finales de 2018, y calificó el proyecto como una “vergüenza.”
“No sé qué se le metió en la cabeza a la directiva que aceptó este proyecto”, agregó.
Según Mossi, los graves riesgos sociales del proyecto de la represa deberían haber sido obvios para cualquiera que conociera el contexto hondureño, especialmente la complejidad de la propiedad de la tierra en las tierras tradicionales del pueblo indígena lenca.
“Si yo fuera presidente [en aquel momento] nunca se habría aceptado este proyecto porque sé que se trata de tierras comunales, no se puede comprar un terreno en esa región”.
A pesar de varias solicitudes, el BCIE no emitió comentarios al respecto.
‘Nuevos y repetidos fallos’
La comunidad de Berta Cáceres, el pueblo indígena lenca, había expresado su rechazo a Agua Zarca desde el principio, alegando que causaría daños en un río sagrado, mataría los peces que necesitan para alimentarse y destruiría sus modos de subsistencia. La represa era uno de los más de 40 proyectos hidroeléctricos que el gobierno de Honduras había aprobado sin consultar a los grupos indígenas que se verían afectados.
En 2013, manifestantes lencas levantaron una barrera para interrumpir las obras, pero al poco tiempo fueron víctimas de ataques violentos y acoso de guardias de seguridad y personal militar. Las obras se suspendieron meses después, luego de que uno de los manifestantes, Tomás García, muriera a manos de un soldado hondureño.
Los conflictos en torno a la represa motivaron la retirada del socio de DESA en el proyecto, la constructora china Sinohydro Corporation Limited. Uno de los principales financiadores del proyecto, el Fondo Mezzanine Centroamericano (CAMIF), respaldado por el BCIE, también se retiró después de que un grupo de activistas indígenas liderados por Cáceres presentara una protesta formal ante el mecanismo de quejas del Banco Mundial, copropietario del CAMIF.
Documentos internos del BCIE que obtuvieron los reporteros señalan que el CAMIF informó al BCIE en febrero de 2014 que se retiraba del proyecto porque la nueva denuncia había “elevado el riesgo del proyecto al máximo”. Daniel Atala refutó esta versión de los hechos, alegando que su empresa había decidido “no buscar financiamiento con CAMIF” debido a un desacuerdo sobre el costo del préstamo.
El BCIE ya había aprobado el préstamo de 24,4 millones de dólares, pero aún no había firmado la autorización formal del desembolso. La salida de CAMIF debería haber sido una señal de alarma para la directiva del banco, según se constató en una auditoría del proyecto.
Por el contrario, los funcionarios del banco y los gerentes nacionales en Honduras “no realizaron la debida diligencia, y alegaron que la salida de CAMIF del financiamiento [se debió] a [razones comerciales], sin evaluar adecuadamente que la salida respondía en realidad a una denuncia relativa al impacto [de la represa] en las comunidades de la zona”, concluyó el auditor.
“Esta situación no se investigó adecuadamente en el BCIE”.
El informe redactado en 2018 —casi dos años después del asesinato de Cáceres— por el auditor interno en jefe del banco, describe un panorama contundente de los errores internos del BCIE en el proyecto, e identifica “nuevos y repetidos fallos en los sistemas de pesos y contrapesos” que deberían haber evitado que se invirtiera en la represa.
La auditoría señala que un evaluador ambiental externo contratado por el BCIE había advertido en febrero de 2014 que DESA estaba agudizando las tensiones con la comunidad local, y que su dependencia de las fuerzas militares y policiales para la seguridad en la obra había acentuado el conflicto.
El requisito de presentar una copia del informe y el Plan de Acción Ambiental y Social definitivo para tranquilizar a los inversionistas y cofinanciadores, incluido el BCIE, se consideró cumplido con el Informe Ambiental y Social realizado por la firma GAI el 4 de febrero de 2014.... En el informe se destacó lo siguiente:
i. DESA no cumplió con todos sus compromisos sociales anteriores, en parte porque la compañía no tenía un plan de acción establecido.
ii. DESA no comprendía el alcance de la complejidad de aspectos de las tierras y problemas étnicos en el área afectada.
iii. La dependencia de DESA de contar con seguridad proveída a través de las fuerzas militares y policiales en el campo aumentó el nivel de tensión y conflicto.
iv. Este es ahora un proyecto de Categoría A de acuerdo con los Estándares de Desempeño de la IFC y requerirá monitoreo independiente frecuente, particularmente durante la fase de construcción. (Anteriormente estaba catalogado en Categoría”B”)
Sin embargo, el BCIE decidió seguir adelante y firmó el desembolso del préstamo a DESA a finales de ese mes, lo que motivó la serie de mensajes de alivio de Daniel Atala a su novia.
El BCIE también decidió ignorar varias señales de alerta sobre la propio DESA. La auditoría del proyecto Agua Zarca indica que “no se analizó la capacidad financiera” de DESA antes de que el BCIE aprobara el préstamo. Si el banco lo hubiera hecho, señala el documento, le debió haber preocupado que una empresa con un valor contable de apenas US$2 millones estuviera recibiendo un préstamo tan grande, especialmente cuando estaba dirigida por empresarios sin experiencia en proyectos de generación de energía. El banco justificó la aprobación alegando que el proyecto contaría con un supervisor externo, pero el auditor explicó que la supervisión debería haber sido un hecho sine qua non de un proyecto así, “no como un plus.”
“Una vez más, se asume erróneamente que el promotor [DESA] es el principal interesado en que todo salga bien”, escribió el auditor. “Sin embargo, están igualmente interesados en ocultar información si algo sale mal”.
Como se puede observar, a partir del cumplimiento de las condiciones previas para la formalización, se anuncian riesgos que no fueron considerados en el momento de la aprobación o no eran conocidos. Sin embargo, ningún ejecutivo o área de apoyo tuvo el criterio de alertar a las autoridades superiores para reevaluar la operación. En nuestra opinión, esta forma de actuar es común dentro el Banco. Ante la posibilidad de errores u omisiones, las instancias de primera línea prefieren modificar sin aviso, interpretar o francamente omitir condiciones, por temor o sospecha de recibir reprimendas de la instancia que aprobó la operación (generalmente la Directiva), o en el peor de los casos, que se anulen operaciones que ya fueron aprobadas. Esto, en nuestra opinión, requiere una revisión y discusión de la cultura y forma de presentar y aprobar o desaprobar operaciones.
Alberto Cortés, director del BCIE en Costa Rica para el momento del asesinato de Cáceres, ha criticado por mucho tiempo la gestión del proyecto por parte del banco. Se alarmó cuando se enteró de que un activista que protestaba por un proyecto financiado por el BCIE había sido asesinado, y exigió una investigación interna, que a la larga dio lugar a la auditoría que obtuvieron los periodistas.
Cortés explicó que pudo averiguar a través de búsquedas en Google que el presidente de la empresa, Castillo, era un exoficial de inteligencia militar que había sido multado en 2009 por el Tribunal Superior de Cuentas de Honduras por vender equipos informáticos con sobreprecio a las fuerzas armadas hondureñas. En el mismo caso, Castillo también fue amonestado por cobrar dos sueldos estatales como oficial militar y empleado de la empresa nacional de electricidad. (Ni Castillo, actualmente en prisión, ni sus abogados respondieron cuando se les solicitó comentarios sobre estos hechos).
“Dije: ‘Si yo fui capaz de encontrar esto con una búsqueda en Google, ¿cómo es posible que el comité encargado de la debida diligencia, del análisis, no fuera capaz de encontrarlo?”, relató.
“[El BCIE] no cumplió con los requisitos básicos y la evaluación de riesgos que normalmente debe hacer un banco sólido”, agregó.
El gran número de irregularidades que señalan los auditores, aunado al continuo rechazo de la comunidad local a la represa, “deberían haber obligado a los promotores del proyecto a iniciar nuevos procesos de consulta y socialización, que habrían evitado tragedias como la muerte de Berta [Cáceres]”.
Liquidación de la deuda con descuento
Cuando los titulares anunciaron el asesinato de Cáceres, empezaron a llover las denuncias contra Agua Zarca.
Los dos coinversionistas del BCIE, el banco de desarrollo holandés FMO y la financiera finlandesa Finnfund, se retiraron formalmente del proyecto Agua Zarca en julio de 2017, con lo que el BCIE quedó como único inversionista internacional del proyecto. Aunque el banco había dejado de financiar el proyecto, ya había desembolsado 9,4 millones de dólares.
No sólo se trataba de una deuda en mora, ya que DESA había dejado de amortizar su préstamo poco después del asesinato, sino que se había convertido en una bomba de tiempo política. El proyecto de la represa también había dado pie a decenas de denuncias de las comunidades que habitan la zona. En julio de 2016, cuando se suspendió la construcción de la represa, el BCIE había recibido 71 quejas, 43 de las cuales no se habían resuelto, según una evaluación interna a la que tuvieron acceso los periodistas.
Mossi asumió la presidencia del banco a finales de 2018, y calificó la deuda de Agua Zarca como un “activo tóxico”, pero señaló que el banco no estaba en condiciones de simplemente condonar el préstamo.
“El proyecto salió mal [pero] teníamos una obligación allí, así que dije: ‘Vendámoslo al mejor postor’”.
En marzo de 2019, el banco decidió vender la deuda a una empresa llamada Swiss International Wealth Management (SIWM) por 500.000 dólares. Según un memorando interno del BCIE sobre el acuerdo, la empresa suiza tenía planteado llegar a un acuerdo por separado con DESA para adquirir sus acciones, lo que le daría el control de todo el proyecto de la represa. Daniel Atala se negó a comentar si esto había sucedido, alegando que había firmado un acuerdo de confidencialidad.
El SIWM había hecho la oferta casi un año antes, a principios de 2018, antes de que Mossi fuera designado presidente del banco de desarrollo. Guillermo Bueso, el director ejecutivo del mayor banco de Honduras, el Banco Atlántida —y un buen amigo de Mossi desde sus años universitarios— había escrito al BCIE para “hacer un contacto inicial” entre el banco de desarrollo y el SIWM.
En un principio, el banco se negó a concretar la venta porque sostenía que no contaba con suficiente información sobre SIWM. Sin embargo, en algún momento en los meses siguientes, reanudó las conversaciones con la empresa. No queda claro si esto ocurrió antes o después de que Mossi asumiera la presidencia del banco a finales de 2018.
Poco después de que SIWM comprara la deuda, su empresa matriz en el Reino Unido, Portofino Holdings, sufrió una serie de cambios de propiedad hasta que acabó en manos de Bueso, el banquero hondureño que había presentado la empresa suiza al BCIE y que conocía personalmente a Mossi.
Una venta de deuda cuestionable
Bueso no respondió al solicitarle algún comentario. Swiss International Wealth Management, que ya cambió de nombre, tampoco respondió.
Kush Amin, especialista legal de Transparencia Internacional, revisó la cadena de transacciones por la que Agua Zarca habría ido a parar en manos de Bueso y explicó que se demostraba “una clara falla en el proceso interno para la venta de estos activos.”
“¿Existe alguna prueba de que el banco llevara a cabo una debida diligencia sobre la fiabilidad y la experiencia pasada de Swiss International Wealth Management que le permitiera vender el préstamo (una deuda muy sensible desde el punto de vista político) con un enorme porcentaje de descuento?”, preguntó. “¿Hubo alguna otra oferta?”
Mossi declaró al OCCRP ser un “buen amigo” de Bueso, a quien conocía de cuando estudiaban en la Universidad de Vanderbilt, donde se conocieron tomando vino y queso gratis en un acto estudiantil. Explicó que cuando entró a trabajar en el banco y vio la propuesta de SIWM, reconoció de inmediato que la empresa tenía vínculos con Bueso, a pesar de no llevar su nombre.
“Conozco al grupo cercano que trabaja con Guillermo Bueso”, indicó Mossi.
Sin embargo, afirmó que su relación con el banquero no había influido en la venta de la deuda.
“Cuando vi el nombre de alguien a quien conocía, me recusé” de la reunión de la junta directiva donde se debatiría la propuesta suiza, señaló, y añadió: “Y, sin embargo, desde el punto de vista financiero, fue una decisión muy acertada”.
Amin sostuvo que la relación previa de Mossi con Bueso —y el hecho de que el acuerdo se concretara después de que Mossi asumiera la presidencia ejecutiva del banco— justificaría una investigación por parte del banco.
“El hecho de que la deuda al parecer terminó siendo propiedad personal de Bueso (a través de empresas dirigidas por otros directivos del Banco Atlántida) justificaría una investigación del BCIE dada su amistad con Mossi.”
Por si esto fuera poco…
Según una propuesta de venta de la deuda a Swiss International Wealth Management, el BCIE tenía la esperanza de que la transacción pudiera ayudar a “reactivar el sector energético [hondureño]”.
Lo que el banco quería decir con esto era que los 500.000 dólares que obtuviera con la venta del préstamo se donarían al gobierno hondureño para lo que denominó una “campaña de socialización”. El objetivo de la campaña era conseguir el apoyo de las comunidades indígenas para un nuevo proyecto de ley sobre cómo se debe consultar a estos grupos acerca de nuevos proyectos de desarrollo.
Mossi comentó al OCCRP que había estado a favor de este plan.
“Fíjense, lo que le dije a la junta fue: ‘Miren, podemos mantener este activo tóxico en nuestros libros o podemos deshacernos de él y con los ingresos de lo que tenemos, básicamente podemos ayudar al gobierno a hacer las cosas bien”.
Según un informe interno de funcionarios del BCIE sobre la venta del préstamo, esto podría ayudar a agilizar los trámites gubernamentales para futuros proyectos energéticos, y mantenía abierta la posibilidad de reanudar el proyecto de Agua Zarca —y quizá facilitaría el desarrollo de otros proyectos en el futuro.
“El apoyo que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) brindará a la República de Honduras no sólo facilitará el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, sino que también abrirá la oportunidad de llevar adelante nuevos proyectos de inversión que han estado paralizados debido a vacíos en la regulación”, señala el informe.
Una solicitud conforme a la ley de la libertad de información presentada por el aliado hondureño de OCCRP, Contracorriente, confirmó que sí se hizo la donación de 500.000 dólares, y que iba a ser “utilizada exclusivamente para apoyar la estrategia de socialización para la aprobación” del nuevo proyecto de ley, conocido como OIT 169.
Kush Amin, especialista de Transparencia Internacional, explicó que el uso de los 500.000 dólares para la “campaña de socialización” también arrojaba una nueva luz sobre la venta inicial del préstamo.
“Es posible que le ocultaran la venta del préstamo al amigo de Mossi (...) y que, al mismo tiempo, abogaran por que el mismo préstamo tuviera una valor mucho mayor si se producía el cambio en la ley”.
El OIT 169 fue rechazado ampliamente entre las comunidades indígenas de Honduras, señaló Karen Spring, coordinadora de la Red de Solidaridad con Honduras, que reúne a unas 30 organizaciones de EE.UU. y Canadá que brindan apoyo a la sociedad civil en Honduras.
“Básicamente lo rechazaron”, indicó. “[Dijeron]: ‘Esto no es suficiente. No protegerá nuestros derechos. No lo apoyamos’”.
Nunca antes se habían hecho públicos los detalles del apoyo financiero del BCIE al proyecto de ley. La hija de Berta Cáceres, Bertha Zúñiga Cáceres, calificó la noticia de “verdaderamente desalentadora”.
El OIT 169, comentó, es un intento de “legalizar la violación de los derechos de las comunidades indígenas mediante la promulgación de leyes para facilitar la entrada de más proyectos y brindar más flexibilidad para proyectos económicos, incluidos los proyectos de generación de energía y el despojo de tierras”.
Jonny Wrate (OCCRP), Angus Peacock (OCCRP), y Fernando Silva (Contracorriente) contribuyeron con sus reportajes.
Mariana Castro es una colaboradora de Columbia Journalism Investigations, unidad de investigación periodística de la Escuela de Periodismo de Columbia.