A mediados de noviembre, se designará un nuevo presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para los próximos cinco años. Quien tome las riendas del principal banco de inversiones de la región lo hará en un momento clave de su historia.
Aunque se trata de un actor pequeño en comparación con instituciones como el Banco Mundial, el BCIE desempeña un papel crucial pues canaliza miles de millones de dólares hacia sus cinco Estados fundadores: Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala y Costa Rica. El banco afirma que aporta casi la mitad del financiamiento para el desarrollo en Centroamérica, una de las regiones más pobres del hemisferio occidental.
El BCIE tuvo un papel fundamental durante la pandemia del COVID-19, cuando otorgó préstamos por un valor de mil millones de dólares para salvar las economías de sus países fundadores. Como todos los bonos soberanos de estos Estados están calificados como “basura”, el BCIE se ha convertido en una especie de salvavidas para los mercados financieros internacionales, y en una fuente crucial de financiamiento para los líderes autoritarios de la región.
“No importa la política mientras los pobres reciban servicios”, declaró el presidente saliente del banco, Dante Mossi, en un acto celebrado este año en Washington D.C., quien fue criticado por financiar al dictador nicaragüense Daniel Ortega.
“El banco no es un modelo político”, indicó Mossi a los asistentes.
Pero muchos no están de acuerdo.
El BCIE ha sido blanco de críticas por otorgar miles de millones de dólares a los regímenes autoritarios de Centroamérica, encabezados por Ortega, el presidente Nayib Bukele en El Salvador y el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Ahora, a través de una investigación del OCCRP y sus aliados se confirmó que el banco ha financiado proyectos que destruyeron el medio ambiente, y otros en los que los préstamos se desviaron para prácticas corruptas o se utilizaron para financiar los proyectos predilectos de dictadores.
Los periodistas dedicaron más de un año a investigar el BCIE, analizando en conjunto datos públicos, investigaciones oficiales, documentos filtrados y entrevistas con empleados y exempleados del banco. Para entender mejor el historial del banco, los reporteros también compilaron una base de datos de más de 500 proyectos de las últimas tres décadas. En total, los datos muestran cómo los errores del BCIE lo han convertido en un facilitador de la corrupción en una de las regiones más desiguales del planeta.
Sobre la investigación
Los reporteros constataron que el banco ha financiado al menos 25 centrales hidroeléctricas en América Central desde 1992, varias de ellas envueltas en controversia. Al menos nueve personas que se oponían a estas represas han sido asesinadas, y muchas más han sufrido acoso, amenazas y sangrientas represiones por protestar.
El caso más sonado fue el de Berta Cáceres, una ecologista indígena hondureña que fue asesinada por lanzar una campaña contra la represa de Agua Zarca. En las auditorías internas se confirmó que el BCIE había pasado por alto muchas señales de alarma, no había actuado con suficiente debida diligencia y seguía apoyando el proyecto después de que una manifestante fuera asesinada, sus co-inversionistas se retiraran y el banco recibiera decenas de quejas de comunidades indígenas, antes de finalmente vender la deuda en 2019.
En un caso relacionado con el escándalo de Odebrecht, uno de los casos de corrupción de mayor impacto en la historia de América Latina, los periodistas pudieron constatar que los préstamos del banco se utilizaban para pagar sobornos. En Costa Rica, eran vistos como una fuente de dinero fácil por individuos acusados de formar parte de un caso de corrupción que aún se está investigando.
Al menos dos exempleados, así como personas que han trabajado con el banco, declararon que el BCIE tiene controles menos rigurosos sobre sus préstamos que otros bancos de desarrollo.
“Ciertamente no me parece que haya un procedimiento de auditoría como el que tiene el Banco Mundial,” señaló Carlos Acevedo, exdirector del Banco Central de Reserva de El Salvador, encargado de canalizar los préstamos del banco de desarrollo que entran al país.
Acevedo declaró a los periodistas que el BCIE funcionaba como un “club de amigos”, en el que se priorizaba la política por encima de las inversiones sólidas.
“Tú apruebas un préstamo para mí, yo voy a aprobar un préstamo para ti... y así es como se toman las decisiones”.
Al parecer, este enfoque poco riguroso para otorgar préstamos empeoró desde que Mossi asumió el cargo en diciembre de 2018, según fuentes del banco y documentos internos. Desde entonces, el BCIE ha empezado a conceder préstamos basados en políticas, un tipo de financiamiento con pocas condiciones que, según los críticos, se presta a malversación. De hecho, un tercio del segundo mayor préstamo para el sector público de la historia del banco —por 600 millones de dólares para ayudar a las pequeñas empresas de El Salvador a sobrellevar la pandemia de COVID-19- se desvió para financiar intento fallido del presidente de convertir el bitcoin en moneda nacional.
Incluso altos funcionarios del BCIE han expresado su preocupación por la falta de transparencia dentro del banco. A finales de 2021, nueve directores enviaron un comunicado al Directorio del BCIE donde destacaban el deterioro de su rendimiento financiero y acusaban a la gerencia del banco de ocultarles información. Advirtieron de que los resultados negativos del banco, si no se corrigen, podrían amenazar la “solidez sobre la que ha descansado la institución durante la última década.”
El análisis del OCCRP muestra que las finanzas del banco han empeorado desde entonces, con una caída en las ganancias, un aumento de los préstamos dudosos en sus libros y un incremento en los costos. En un artículo de opinión publicado hace poco en el medio Confidencial de Nicaragua, el exdirector costarricense del BCIE, Eduardo Trejos Lalli, indicó que el próximo presidente del banco tendrá un camino difícil por delante.
“Independientemente de la elección, la persona que asuma tendrá que enfrentar no sólo la endeble situación financiera del BCIE, sino que deberá realizar una profunda evaluación de las gestiones llevadas a cabo durante estos años por Mossi,” señaló Trejos.
El OCCRP solicitó en repetidas ocasiones al departamento de comunicación del banco y a su director algún comentario para este artículo, pero no obtuvo respuesta. Días antes de la publicación, el banco contestó diciendo que no había visto los mensajes y que, según sus normas sobre libertad de información, estaban obligados a dar respuestas en un plazo de dos meses.
Sin embargo, el presidente saliente del banco, Dante Mossi, respondió a las preguntas en varias entrevistas y comentarios por escrito. Señaló que algunos proyectos iniciados antes de que él llegara al BCIE en 2018 habían sido mal concebidos, pero defendió la trayectoria del banco, y criticó el hecho de que se haya señalado de apoyar el autoritarismo cuando otras instituciones también otorgan préstamos en Centroamérica.
“El BCIE no es una institución política, trabajamos con los países miembros... No tenemos el mandato de determinar la forma de gobierno de ningún país miembro”, señaló, y rechazó el alegato de que las prácticas crediticias del banco hicieran sus fondos vulnerables a la corrupción.
“Centroamérica es más sensata que otras partes del mundo”, agregó en una entrevista con OCCRP. “Creo que los riesgos están totalmente mal calculados... Quiero decir que esto no es Europa en absoluto, pero tampoco es África”.
El legado de la Guerra Fría
El BCIE se creó en 1960, cuando la Guerra Fría determinaba el destino de América Latina. El BCIE, con sede en Honduras, se creó poco después de la fundación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), respaldado por Estados Unidos, con el fin de dotar a sus miembros de mayor autonomía sobre su propio desarrollo.
Tras una tumultuosa década de 1980, en medio de una crisis crediticia en Centroamérica, el banco se expandió a todo el mundo, incorporando nuevos miembros como Taiwán, México y España. Con la reciente incorporación de Corea del Sur, el BCIE cuenta ahora con 15 miembros entre sus filas, con activos con un valor de más de 13.800 millones de dólares.
A lo largo de los años, los periodistas han podido constatar que el BCIE ha respaldado una serie de proyectos que se han visto envueltos en escándalos. Varios guardan similitudes llamativas, aunque se produjeron con años de diferencia.
Registros referenciados en una investigación de fiscales de una comisión anticorrupción respaldada por las Naciones Unidas muestran que el gigante de la construcción y protagonista de escándalos Odebrecht utilizó millones de dólares de un préstamo del BCIE para sobornar a funcionarios estatales en Guatemala.
Uno de ellos, según los registros de la comisión, fue el ex ministro de Infraestructura Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio, quien actualmente enfrenta juicio por varios casos de corrupción. El aliado de OCCRP, No Ficción, obtuvo una copia del testimonio que Sinibaldi dio a los fiscales guatemaltecos, en el que inculpa al BCIE en el supuesto esquema de sobornos.
Según el relato de Sinibaldi, el exdirector guatemalteco del BCIE era “fundamental” en el plan, que permitió a Odebrecht gozar de trato preferencial en su contrato para construir parte de una importante carretera. El exministro señaló a los fiscales que el funcionario del banco recibió sobornos de Odebrecht y a su vez sobornó a otros directores del BCIE para que aprobaran cambios en el contrato.
Los autores de esta investigación no pudieron corroborar de manera independiente todas las afirmaciones de Sinibaldi, incluidos los pagos específicos a funcionarios del BCIE. El exdirector del BCIE que Sinibaldi nombra en su testimonio, Oscar Humberto Pineda Robles, negó haber pagado o recibido sobornos y señaló que su nombre nunca ha aparecido en ninguna investigación o caso judicial relacionado con Odebrecht.
“TODO LO MALICIOSAMENTE SEÑALADO A MI PERSONA POR ESE REPROCHABLE Y PERVERSO PERSONAJE [Sinibaldi], SIN EXCEPCIÓN, ES UNA ABSURDA MENTIRA,” escribió Pineda en un correo electrónico al OCCRP.
Sinibaldi negó estar implicado en la trama de sobornos de Odebrecht, y afirmó nunca haberse reunido con Pineda. También alegó que el testimonio obtenido por los periodistas era falso, creado para desacreditarlo. “Niego categóricamente que yo haya brindado alguna declaración, mucho menos una confesión”, escribió a OCCRP, y señaló que el testimonio se inventó con el “objetivo de generarme conflicto con actores políticos importantes, funcionarios públicos y congresistas de Guatemala”.
Los reporteros confirmaron la autenticidad del testimonio con la fiscalía de Guatemala y dos personas cercanas al caso. También se obtuvo una copia de las enmiendas al contrato, aprobadas por el BCIE, donde se redefinen los costos del proyecto y se asegura a Odebrecht un adelanto de 73 millones de dólares.
Fuentes del banco enterados del caso indicaron que dentro de la organización se sabía que algunos funcionarios habían recibido pagos relacionados con Odebrecht. “Se sabía en ese momento que el director recibió dinero por el préstamo, y que muchos políticos recibieron dinero por el préstamo, y que muchos empleados en el banco recibieron mucho dinero por el préstamo”, señaló uno de ellos.
Odebrecht, ahora conocida como Novonor, sostiene que desconocía cualquier negocio ilícito entre sus representantes y funcionarios del BCIE.
Más de veinte personas han sido detenidas o están en la cárcel en relación con la trama de Odebrecht, y otras más están prontas a enfrentar juicio. Entre ellas está Sinibaldi, que ahora enfrenta juicio por este y otros escándalos de presunta corrupción de la época en que ocupaba el cargo. Sinibaldi no hizo comentarios sobre los demás casos.
En otro caso de corrupción de larga data en Guatemala, los reporteros confirmaron que el BCIE ha seguido financiando el polémico proyecto de la autopista Franja Transversal del Norte incluso después de verse envuelto en un escándalo.
En 2008, el banco aprobó un monto máximo de 203 millones de dólares para el proyecto, que estaría a cargo de Solel Boneh FTN, una filial de la importante constructora israelí Shikun & Binui. Pero en las auditorías del gobierno guatemalteco que obtuvo el OCCRP se documenta que la obra de la autopista fue referenciada en varias ocasiones por problemas de construcción y fallos en la supervisión, lo que causó que las obras se interrumpieran en varias ocasiones.
En 2017, una comisión respaldada por Naciones Unidas y el Ministerio Público de Guatemala presentaron hallazgos que indican que Solel Boneh y su filial habían sobornado a Sinibaldi cuando era diputado y luego ministro de Infraestructura del país, a través de una serie de empresas offshore.
Sinibaldi no respondió a las preguntas sobre la Franja Transversal del Norte a tiempo para su publicación. Tampoco lo hizo Solel Boneh, aunque rechazó muchas de las críticas que aparecen en las auditorías del gobierno alegando que no eran su responsabilidad.
Al menos una docena de personas ya han sido condenadas en relación con el escándalo de corrupción, según fuentes oficiales.
A pesar de los hallazgos, el BCIE prorrogó su préstamo para la Franja Transversal del Norte el año pasado por otros 12 meses, hasta abril de 2023. A finales de octubre, según datos del sitio web del banco, se habían desembolsado casi 185 millones de dólares.
Actualmente, pasados unos 15 años de que el BCIE accediera a financiar el proyecto, la autopista aún no se ha terminado. Incluso después de los escándalos y los retrasos, documentos gubernamentales muestran que Solel Boneh FTN seguía siendo el contratista en agosto del año pasado, después de que el BCIE hubiera ampliado su préstamo para el proyecto.
El presidente saliente del BCIE, Dante Mossi, admitió al OCCRP que la Franja Transversal había tenido “muchos problemas”, pero señaló que el banco había accedido a extender el préstamo porque se trataba de un contratista de Solel Boneh, que había sido acusado de corrupción. “El Gobierno y el BCIE realizaron la debida diligencia sobre el caso, y concluyeron que el comportamiento de la persona no estaba relacionado con la empresa”, agregó.
Mossi indicó que había heredado una serie de proyectos fallidos cuando asumió el cargo a finales de 2018. “El banco hizo muchos préstamos al sector privado que salieron mal”, señaló. “Puedo decirte que hubo al menos unas dos docenas de proyectos que realmente fracasaron”.
Nick Rischbieth, antecesor de Mossi en la presidencia del BCIE, no respondió cuando se le solicitó un comentario.
En casos más recientes, fiscales de Costa Rica están investigando a varios funcionarios del gobierno encargados de administrar los préstamos que otorga el BCIE al organismo estatal que supervisa la construcción de las carreteras del país, por estar implicados en otra trama de sobornos.
Según las pruebas presentadas en el expediente del caso, tres ejecutivos de la agencia CONAVI habrían liderado una trama de tráfico de influencias y sobornos para beneficiar a empresas constructoras que trabajaban en varios proyectos respaldados por el Estado. Actualmente, el juez está decidiendo si se procede a juicio.
Una era una circunvalación alrededor de la capital, construida por un consorcio que incluía a la constructora costarricense H. Solís, a la que el BCIE acordó prestar hasta casi 223 millones de dólares. En grabaciones telefónicas incorporadas al expediente del caso se oye al propietario de la empresa y a funcionarios de la CONAVI discutiendo cómo podrían sacarle más dinero al banco, al que veían como una fuente de dinero fácil.
En una grabación inserta al expediente, uno de los funcionarios de la CONAVI acusados, Carlos Solís Murillo, le comenta a Mélida Solís, directora de H. Solís, que el banco es tan poco estricto que sólo hay que “pedir permiso al BCIE” para un préstamo y ellos “lo aprueban ahí mismo.”
Ambos fueron encarcelados de modo preventivo en 2021 como sospechosos de tráfico de influencias y soborno. Los fiscales no respondieron a las preguntas sobre el estado del caso, o si los acusados permanecen detenidos. Aún continúan las investigaciones sobre las más de 100 personas y empresas implicadas en el escándalo de sobornos.
Al parecer, el BCIE no ha desembolsado ninguna parte del préstamo, según datos del sitio web del banco. El banco no respondió cuando se le solicitó un comentario al respecto. Tampoco lo hicieron Solís Murillo, Solís ni el Ministerio Público de Costa Rica.
Mossi indicó que el escándalo de corrupción había girado en torno a “las aprobaciones internas en el Gobierno de Costa Rica”, por lo que no era responsabilidad del banco.
De proyectos a políticas
Si bien la falta de rigor del BCIE para otorgar préstamos es una tendencia que se remonta a varios años, los reporteros pudieron confirmar que el banco ha adoptado nuevas prácticas desde que Mossi asumió la presidencia a finales de 2018, lo que ha dificultado la fiscalización sobre el uso de sus fondos por parte de los gobiernos.
Bajo el mando de Mossi, el BCIE empezó a conceder los llamados “préstamos basados en políticas”, un tipo de financiamiento destinado a ayudar a los países a alcanzar objetivos muy generales, como la reducción de la pobreza, en lugar de un proyecto específico. Los partidarios de esta estrategia afirman que este enfoque más flexible permite a los gobiernos definir sus propias prioridades.
Pero sus detractores afirman que estos préstamos son difíciles de fiscalizar y que es fácil abusar de ellos. Como los fondos van directamente a las arcas de los gobiernos, es difícil saber cómo se gastan. Y como el financiamiento no se destina a un proyecto concreto, es imposible saber si se han utilizado de forma eficiente.
“Financiábamos proyectos y ahora financian políticas. Y las políticas son cada vez menos claras en cuanto a lo que se espera lograr”, señaló Alberto Cortés, exdirector del BCIE en Costa Rica.
Según la correspondencia a la que han tenido acceso los reporteros, varios directores del BCIE se opusieron a los préstamos basados en políticas, expresando su preocupación por la transparencia y alegando que financiar los gastos cotidianos de los Estados miembros iba en contra de las normas del banco. Mossi agravó las inquietudes al afirmar que los préstamos no necesitarían ser auditados.
“Siendo el dinero un bien fungible, una vez que se deposita en la cuenta pública se puede aplicar en cualquier tipo de gasto corriente, y no en el destino o política pública originalmente justificada,” reza la correspondencia a la que tuvo acceso Columbia Journalism Investigations.
“[Esto] además se acrecienta por los problemas de falta de transparencia, rendición de cuentas y orden contable de los sistemas de control presupuestario de los países beneficiarios.”
Mossi justificó el uso que hace el banco de los préstamos basados en políticas, afirmando que se habían implantado a petición de Costa Rica, con la aprobación del directorio. Cuando se popularizaron a raíz de la pandemia debido a “la liquidez que se produjo”, el BCIE empezó a tratar de limitar el uso de estos préstamos, indicó. Mossi también rechazó el alegato planteado por algunos dentro del banco, de que el BCIE había empezado a otorgar préstamos basados en políticas para ganar favores políticos.
“Lo hicimos por necesidad... de los países y no por necesidad mía de ser reelegido”, indicó Mossi al OCCRP. “Mucha gente vio mi deber de servir a los países como una... campaña de ventas por mi parte para seguir siendo presidente. Yo dije: ‘Ése no es mi propósito’”.
Según datos publicados en el sitio web del BCIE, el banco aprobó 13 préstamos basados en políticas entre 2020 y 2022, para un total de más de 2.500 millones de dólares. En algunos se esgrimen objetivos específicos, como el apoyo durante la pandemia o para combatir el cambio climático, pero en casi la mitad solo se dan descripciones ambiguas, como “Apoyar acciones de políticas públicas y resultados de desarrollo.”
Entre estos se incluye un préstamo de 250 millones de dólares basado en políticas que se destinaría a financiar la empresa estatal de electricidad de Honduras, célebre por sus casos de corrupción. En varios estudios se han demostrado los hechos de corrupción dentro de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), que la Fundación Carnegie para la Paz Internacional consideró parte de “la red cleptocrática del país.” Incluso el gobierno actual ha señalado que formaba parte de una gran trama de corrupción en períodos anteriores.
Finn Tarp, exdirector del Instituto Mundial para la Investigación de Economía del Desarrollo de la Universidad de las Naciones Unidas, afirmó que resulta muy problemático otorgar financiamiento sin condiciones a organizaciones con un historial de corrupción.
“Si existe documentación de fuentes independientes sobre el comportamiento de empresas tan grandes, y aun así reciben estas inyecciones masivas de capital... obviamente, hay algo que no funciona”, denunció Tarp, que en la actualidad se desempeña como profesor de economía en la Universidad de Copenhague.
No se obtuvo respuesta de la ENEE cuando se le solicitó un comentario sobre el tema. Mossi hizo hincapié en que el préstamo no se otorgó directamente a la ENEE, y aseguró que todos los préstamos del BCIE basados en políticas incluían cláusulas anticorrupción.
Pero incluso con otros tipos de préstamos, los reporteros pudieron constatar que los gobiernos no siempre han utilizado los fondos del BCIE según los planes. Una tercera parte del segundo mayor préstamo del banco hasta la fecha —600 millones de dólares para ayudar a las pequeñas empresas a sobrellevar la pandemia en El Salvador— se dilapidó justo cuando más se necesitaba.
La economía de El Salvador atravesaba momentos difíciles cuando el BCIE anunció el préstamo en abril de 2021. La pandemia había hecho que el PIB del país se desplomara casi un 8 % el año anterior, y gran parte de la población padecía con las estrictas medidas de cuarentena. En un comunicado de prensa, Mossi indicaba que los fondos del banco beneficiarían a 4 millones de personas, incluyendo a empresarios y familias.
En julio del mismo año, el BCIE transfirió los 600 millones de dólares directamente a la tesorería de El Salvador, que a su vez debía distribuirlos a los bancos locales para que estos los otorgaran en forma de créditos a micro, pequeñas y medianas empresas. Pero al final, sólo una pequeña parte del préstamo —unos 20 millones de dólares— se utilizó como decía Mossi.
Por el contrario, las cuentas presupuestarias muestran que el gobierno desvió la mayor parte del dinero para financiar sus propias necesidades, y asignó 425 millones de dólares para “obligaciones generales del Estado”. De ese monto, un poco más de 200 millones se destinaron a uno de los proyectos predilectos del líder autoritario de El Salvador Nayib Bukele: convertir el bitcoin en la moneda nacional.
El presidente Bukele, quien se autodenomina el “dictador más cool del mundo” había anunciado su plan de convertir a El Salvador en el primer país en adoptar una criptomoneda como moneda de curso legal en julio de 2021, más o menos al mismo tiempo que el BCIE desembolsaba fondos para atender la pandemia. Bukele argumentó que el uso del bitcoin abarataría el envío de las vitales remesas desde el extranjero y ayudaría a las personas que no tienen acceso al sistema bancario.
Sin embargo, otros no estaban tan convencidos, y la agencia de calificación crediticia Moody’s admitió que el plan fue una de las razones por las que rebajó la calificación de los bonos soberanos de El Salvador ese año. Aunque el FMI también criticó la idea y el Banco Mundial rechazó el proyecto por temas medioambientales y de transparencia, el BCIE respaldó el plan de Bukele con gran entusiasmo.
“Es una gran noticia para la región”, señaló Mossi en un comunicado de prensa en junio de 2021, donde se anunciaba que el banco brindaría “asistencia técnica” sobre cómo implementar el plan bitcoin. En la lista de contratistas del BCIE se puede apreciar que el banco pagó a una empresa informática casi 85.000 dólares para que realizara un estudio sobre la adopción de la criptomoneda.
Según Mossi, el estudio concluía que las reformas legales y regulatorias necesarias para que el bitcoin fuera una moneda de curso legal en El Salvador “estaban mucho más allá de lo que el Gobierno estaba dispuesto a llevar a cabo.” Agregó que el BCIE no había tenido la intención de que su apoyo a la pandemia se utilizara para el proyecto del bitcoin, y que se incluyó una cláusula en el contrato para el préstamo de 600 millones de dólares que prohibía el uso de los fondos para tal fin.
“Básicamente dice que hay un pacto en El Salvador, que ningún dinero del BCIE puede utilizarse para financiar ninguna actividad de Bitcoin. Así que no, no financiamos eso”, aseguró Mossi. Cuando se le preguntó sobre si El Salvador había infringido los términos del préstamo, estuvo de acuerdo, pero agregó: “El dinero es fungible”.
“Brindamos apoyo presupuestario para que el gobierno pueda utilizar el dinero como desee”, señaló Mossi.
El gobierno de El Salvador no respondió cuando se le solicitó algún comentario al respecto.
El experimento del bitcoin de Bukele ha sido considerado un fracaso costoso. Según un estudio de la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos, menos del 10% de la población que se registró todavía utiliza la aplicación de criptomoneda del gobierno.
Mossi se mostró de acuerdo y agregó: “Al final de la saga bitcoin es menos del uno por ciento de la economía salvadoreña, así que...”.
Obstáculos financieros
Este poco rigor ha tenido sus consecuencias. Aunque los bonos del BCIE siguen teniendo una calificación alta, lo que le permite acceder a financiamiento internacional a menor costo, altos funcionarios del banco han expresado su preocupación por su futura estabilidad financiera.
En diciembre de 2021, nueve de los directores nacionales del BCIE enviaron una misiva a su Asamblea de Gobernadores para expresar su preocupación por sus pobres resultados y la falta de transparencia en sus inversiones.
En la misiva, que pudieron analizar los reporteros, se plantea una “gran preocupación por la gestión y los parámetros financieros del Banco y... graves preocupaciones generadas sobre su gobernanza adecuada”, haciendo mención del desplome en la rentabilidad del BCIE y el rendimiento de sus activos desde finales de 2018, cuando Mossi asumió la presidencia.
Hasta hace poco, según señalaron los directores, el aumento de la cartera de préstamos y los activos indicaban que el banco gozaba de una posición financiera sólida. Así que les tomó por “sorpresa” cuando las cifras de octubre de 2021 mostraban que las ganancias se habían desplomado a 83,6 millones de dólares, en comparación con los 223,5 millones que tuvieron en 2018.
Los directores acusaron a la gerencia del banco de ocultarles información, por lo que no podían tomar decisiones informadas sobre si invertir o no en “operaciones que... presentan graves deficiencias en sus fundamentos.”
“La gerencia ha insistido en varias prácticas cuyo propósito es impedir que se cuente con los insumos necesarios para que los directores puedan ejercer adecuadamente sus funciones”, señalaron. Los directores advirtieron que si no se hacía nada, el BCIE enfrentaba “una eventual caída en la solidez con la que la institución venía contando en la última década.”
Mossi rebatió los alegatos de los directores, afirmando que la Junta de Gobernadores había rechazado los puntos planteados en la carta. Las finanzas del BCIE estaban “mejor que nunca” y el banco estaba “operando fantásticamente”, alegó Mossi, señalando el aumento de capital del banco en 2020 de 5.000 a 7.000 millones de dólares.
Las ganancias del BCIE han venido en declive desde que los directores manifestaron sus preocupaciones, con una caída en los ingresos financieros netos de más del 6 % en los seis meses hasta junio de 2022, en comparación con el mismo período del año anterior, que son las cifras publicadas más recientes. Carlos Acevedo, el exdirector del Banco Central de El Salvador, revisó las cuentas del BCIE y estuvo de acuerdo en que la caída era “sorprendente”, y alegó que se justificaba un análisis más a profundidad de la forma en que se gestiona el banco.
Parte del problema habría sido el deterioro de la cartera de préstamos del banco, ya que en junio de 2022 la provisión para insolvencias del sector público había aumentado casi un 40 % con respecto al año anterior.
En un comunicado publicado unos meses más tarde, la agencia de calificación crediticia S&P también expresó su preocupación por las perspectivas económicas de Centroamérica, y advirtió de un “debilitamiento de la calidad de los activos” en la región.
Entretanto, el capital ajustado al riesgo del BCIE —una medida de su estabilidad financiera— también se desplomó, situándose en 14 % en junio de 2022, comparado con 15,7 % el mismo periodo del año anterior.
A medida que caen las ganancias del BCIE, sus costos aumentan, con un incremento del gasto en salarios y prestaciones de empleados superior al 13 % en el primer semestre de 2022, en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Ottón Solís, otro de los exdirectores del BCIE en Costa Rica, sostuvo que había denunciado la cultura de gastos desmedidos del banco cuando aún trabajaba allí en 2018, pero los gobernadores rechazaron sus propuestas de frenar los gastos.
En una entrevista con el diario El País de España después de abandonar el puesto, contó cómo los directores cobraban 20.000 dólares al mes, recibían regalos de lujo, tenían uso discrecional de vehículos y vuelos ilimitados en primera clase en la región, y recibían bonos por vacaciones. Según sus cálculos, los gastos del BCIE en relación con sus activos triplicaban los del Banco Mundial y el BID.
“Parece el banco de una economía petrolera del Golfo Pérsico”, declaró al periódico. “Esos excesos son incompatibles con los fines desarrollistas del BCIE y con los niveles de ingreso de la mayoría de los habitantes de la región”.
Mossi admitió que en el BCIE “aumentaron los costos operativos en términos absolutos” en los últimos años, pero en general describió el banco como una institución de “bajo costo” y “altamente eficiente”.
A pesar de los obstáculos financieros que enfrenta, el BCIE parece tener confianza en su futuro. En su estado financiero de junio de 2022, el banco señala que había cambiado su metodología contable para mantener menos fondos en reserva contra impagos. La medida permitió al banco liberar casi 133 millones de dólares, con lo que pudo aumentar sus ingresos para el período a poco más de 250 millones de dólares, mejorando así sus métricas financieras.
Pero un exfuncionario del BCIE, que declaró bajo condición de anonimato para evitar repercusiones profesionales, señaló que el cambio era sólo una forma de hacer que el banco pareciera más eficiente en el papel.
“No son ingresos en efectivo, es sólo una maniobra contable para aumentar los beneficios y permitir al banco mejorar su base de capital para otorgar préstamos,” indicó.
Financiamiento del autoritarismo
A principios de mayo, el abogado y activista político nicaragüense Juan Diego Barberena encabezó una pequeña protesta contra la reelección de Mossi como presidente frente a las oficinas del BCIE en la capital de Costa Rica.
Berberena señaló que el BCIE se ha convertido en el principal financiador del gobierno opresor de Nicaragua bajo el mando de Mossi, a quien acusó de entregar préstamos indiscriminadamente para congraciarse con Ortega y otros líderes autoritarios de Centroamérica.
“La estrategia de Mossi era obtener el apoyo de la mayoría de los socios fundadores del BCIE otorgando créditos de manera indiscriminada y discrecional para ser reelecto”, declaró Berberena al OCCRP. “Es un tema de transparencia y rendición de cuentas”.
El BCIE ha generado un gran revuelo de críticas por apoyar a los líderes autoritarios de Centroamérica, en particular al caudillo de Nicaragua, el presidente Ortega. A principios de este año, Mossi compareció en un debate en Washington D.C., donde se vio obligado a defenderse de reiteradas acusaciones de estar apoyando al régimen brutal de Nicaragua con préstamos a cambio de apoyo político.
El día después del debate, los presidentes de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos y de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes escribieron a los otros cuatro miembros fundadores del banco solicitándoles que aumentaran el escrutinio y la transparencia en su financiamiento para Nicaragua. El BCIE también fue referenciado en la legislación presentada en el Senado de Estados Unidos en junio, en la que se pedía al Departamento de Estado que restringiera las inversiones y los préstamos que beneficiaran al gobierno de Nicaragua.
“En los últimos años, Estados Unidos ha tomado medidas para aumentar el escrutinio y restringir el financiamiento de instituciones multilaterales que beneficiarían directamente al régimen de Ortega-Murillo”, rezaban las cartas. “Instamos a su gobierno a seguir políticas similares con respecto a los préstamos del BCIE”.
El OCCRP analizó datos históricos sobre los préstamos del BCIE disponibles en su sitio web que se remontan a la década de 1960. Los datos demuestran que a lo largo de varias décadas, la mayoría de los fondos que el banco aprobó fueron para Costa Rica —que por lo general se considera el país más democrático de Centroamérica—, incluso en los años posteriores a la llegada de Mossi a la presidencia ejecutiva en diciembre de 2018.
En los tres años anteriores a la llegada de Mossi a la presidencia, Costa Rica recibió la mayor cantidad de desembolsos. Pero todo esto cambió a partir de 2019, cuando El Salvador y Nicaragua recibieron la mayor parte de los fondos del banco. En ambos casos, el monto que el BCIE desembolsó a cada país casi se duplicó de 2018 a 2021.
El punto culminante de los desembolsos a ambos países llegó en 2021, cuando se acusaba a Ortega de emprender una gran campaña de represión contra periodistas y opositores políticos de la sociedad civil en vísperas de las elecciones nacionales. En El Salvador, el BCIE llegó a aprobar préstamos para la Policía y el Ministerio de Defensa mientras Bukele llevaba adelante su polémico plan de control territorial.
El “estado de excepción” de Bukele
Carlos Acevedo, exdirector del Banco Central de El Salvador, indicó que el aumento de los préstamos del BCIE a Nicaragua y El Salvador era “sorprendente” y potencialmente peligroso.
“Esto conlleva riesgos para la reputación, que eventualmente pueden traducirse en riesgos financieros”, señaló.
Cuando se le preguntó por el aumento de los préstamos a Nicaragua y El Salvador, Mossi indicó que la demanda de recursos de cada país “está vinculada a su gobernabilidad interna y a los ciclos electorales, a su capacidad para ejecutar proyectos y al apetito por nuestros préstamos”, que había aumentado durante la pandemia. Afirmó que el BCIE no tiene agenda política.
Quien asuma el cargo de presidente del BCIE lo hará en un momento crucial para el banco, que enfrenta presiones financieras y obstáculos políticos. Tras recibir más de 240 candidaturas, el banco ha reducido la lista a tres aspirantes y anunciará el nombre del ganador el 17 de noviembre.
Entre los candidatos se encuentra el actual vicepresidente ejecutivo del BCIE, el economista guatemalteco Jaime Roberto Díaz Palacios, quien ha asumido muchas de las funciones de Mossi en preparación para cuando deje el cargo oficialmente en diciembre.
A finales de octubre, Mossi escribió una misiva a los gobernadores del banco, donde alegaba que la medida de dar a Díaz Palacios el control del BCIE mientras se postula para presidente era ilegal, y planteaba dudas sobre la imparcialidad del proceso de selección.
“La idea de que la Junta haya transferido funciones del Presidente Ejecutivo al Vicepresidente de manera ilegal, y que ahora él esté en la lista de candidatos, da a entender que hay una falla”, escribió a la Junta de Gobernadores del BCIE el 20 de octubre.
Mossi también criticó al candidato oficial de Costa Rica por celebrar reuniones con la junta directiva en Guatemala, afirmando que “causaba preocupación sobre la neutralidad de todo el proceso de selección”.
En una conversación con el OCCRP, el director ejecutivo saliente se mostró satisfecho con su legado.
“Yo era un ejecutivo bien pagado del Banco Mundial, vivía en Washington, D.C.”, señaló. “Acepté este reto y creo que marqué la diferencia”.
Mariana Castro, Andrew Little y Madeline Fixler son reporteros de Columbia Journalism Investigations, una unidad de investigación periodística de la Escuela de Periodismo de Columbia.