Las organizaciones sin fines de lucro que demandaron al Gobierno de Estados Unidos por el congelamiento de la asistencia internacional solicitaron al juez que haga cumplir la orden que emitió en la que requería a la Casa Blanca que restaurara los fondos.
La disputa legal se centra en una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el 20 de enero, día en que rindió protesta. Esta anunciaba un congelamiento por 90 días de los contratos de asistencia internacional, que serían revisados con la intención de eliminar aquellos que no estén “completamente alineados a la política exterior del presidente de los Estados Unidos”.
El congelamiento detuvo globalmente algunos programas que proveen desarrollo y asistencia humanitaria a poblaciones vulnerables. Algunos de los más críticos son las clínicas que ofrecen prevención del VIH o tratamientos para la tuberculosis y el cólera. Expertos advirtieron que la suspensión de los fondos puede causar miles de muertes.
La Coalición en Defensa de la Vacuna contra el SIDA (AVAC por sus siglas en inglés) y la Red para el Desarrollo del Periodismo (JDN) —organizanización matriz de OCCRP— han presentado una demanda argumentando que el presidente Donald Trump no tiene la autoridad para congelar los contratos de asistencia internacional mientras los revisa.
En ello coincidió el juez de distrito Amir Ali, que ordenó a la administración Trump que restaure el financiamiento a los proyectos apoyados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Sin embargo la Casa Blanca no está de acuerdo. En una respuesta legal, sus abogados argumentaron que, a pesar de la orden del juez, la administración conserva el poder de congelar fondos, hacer cumplir órdenes para suspender trabajos e incluso cancelar las subvenciones.
“USAID tiene amplia autoridad, bajo los propios instrumentos específicos, los estatutos y regulaciones existentes, para suspender y cancelar obligaciones de asistencia internacional”, escribió Peter Marocco, quien fue designado como administrador adjunto de la agencia.
Ahora, las organizaciones solicitan al juez Alí que declare al secretario Marco Rubio y otros oficiales de la administración Trump en desacato civil al no cumplir con la orden emitida.
En una moción de emergencia presentada el 19 de febrero, pidieron que la Corte ordene a la administración Trump cumplir con la orden previa “rescindiendo todas las suspensiones, órdenes de suspensión de trabajos y cancelaciones”.
La moción también solicita a la Corte “ordenar a la defensa reembolsar inmediatamente, hoy, a los receptores de ayuda internacional por el trabajo que han realizado, y pagar a tiempo a dichos receptores por los trabajos venideros”.
Sin embargo, la administración ha respondido el jueves (20.02.2025) con una solicitud a la Corte para que rechace la moción y advirtió a las organizaciones de no emitir acusaciones no sustentadas de desacato.
“El congelamiento per sé es ilegal”, dijo Drew Sullivan, cofundador de OCCRP, “y esta respuesta sólo continúa esa ilegalidad”.
Al recibir la respuesta del Gobierno, los abogados de las oenegés instaron a la Corte que hiciera cumplir su sentencia, afirmando que “los demandantes y otros receptores de fondos de asistencia extranjera, así como las personas en todo el mundo a las que sirven, están sufriendo. Ese sufrimiento es irreparable”.
“Esta Corte no puede permitir que los demandados evadan sus órdenes, sino obligarlos a cumplirlas”, remata el texto.
